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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Cuidado con los regalos «desinteresados»

Si un vecino que tiene fama de abusador, de pronto, sin motivo aparente, empieza a llenar de regalos a los niños de la casa, naturalmente despertará sospechas entre los adultos de la familia.

         Esta alerta viene al caso por el repentino desplante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de “rescatar” a México, que era acosado por las principales naciones exportadoras de petróleo (el grupo es conocido como la OPEP+) para que reduzca su producción en casi 400 mil barriles diarios.

Un recorte de tal nivel, alrededor del 23 por ciento de su producción, significaría para nuestro país un enorme “hoyo” en su economía, que depende en gran medida de las exportaciones petroleras y que ya resentía una considerable reducción de ingresos debido al desplome del precio del petróleo en el mercado mundial, derivado de un enfrentamiento entre los principales vendedores, Arabia Saudita y Rusia.

Esta situación confirmó la validez de la decisión de México de no formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se imponen la voluntad y los intereses de los grandes productores.

La negativa de México a un recorte de tal magnitud – la secretaria de Energía, Rocío Nahle, propuso que fuera de sólo 100 mil barriles diarios – estuvo a punto de hacer que fracasara el acuerdo de los países de la OPEP y sus aliados (OPEP+), pero el que evitó la debacle fue un agente inesperado, el presidente de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump, quien ofreció que su nación asumiría la diferencia del recorte entre lo que proponía la OPEP+ y lo aceptado por México.

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Decisión inesperada porque, de hecho, los Estados Unidos no son un país exportador, sino el principal consumidor del mundo y, segundo, porque sus empresas petroleras son privadas y no responden a los dictados de su gobierno, al contrario de lo que ocurre en otros países productores, como es el caso de México.

“Haiga sido como haiga sido” – por citar a un clásico – el hecho es que la intervención de Trump permitió superar el estancamiento de las negociaciones, mientras que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pudo presentar esta solución como una “victoria” de su gobierno, además de, por supuesto, agradecer el gesto amistoso del rubio magnate que gobierna la vecina potencia y reafirmar que es “su amigo”.

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que en la negociación con la OPEP+ a México le fue “requetebien”. Destacó que nuestro país tuvo un trato especial y fue respetado por el resto de las naciones productoras de petróleo. En resumen, “fue algo excepcional, también nunca visto”.

El titular del Ejecutivo federal se comprometió que para el próximo miércoles, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el director de PEME, Octavio Romero Oropeza, den a conocer los detalles del acuerdo que se llegó con la OPEP.

Ese informe resulta más que obligado, pues tan “generoso” gesto del mandatario de la Unión Americana no ha dejado de despertar sospechas dentro de nuestra Republica.

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Por ejemplo, las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados expresaron dudas acerca de los alcances y consecuencias del acuerdo con la OPEP, sobre todo porque se desconoce cómo se pagará a Estados Unidos el recorte adicional de 300 mil barriles a nombre de México.

La bancada del PRI reconoció que el acuerdo alcanzado es benéfico para estabilizar los precios del petróleo. Sin embargo, sostuvo que al mismo tiempo genera diversas dudas. “No está claro aún si Estados Unidos contribuirá con un recorte adicional de 300 mil barriles diarios en nombre de México y tampoco se sabe la forma, tiempo y precio al cual México retribuirá al gobierno de los Estados Unidos los supuestos barriles reducidos.

Los legisladores del tricolor deslizaron la sospecha de que la esperada el alza de precios derivada por el acuerdo podría significar que México adquiera una deuda onerosa e incierta y, además, advirtieron que ese aumento del precio internacional de petróleo hace previsible un alza en la gasolina y el diésel en México, lo cual afectaría la economía familiar.

Ante el riesgo de impactos negativos en la economía nacional y la economía familiar, el grupo parlamentario del PRI propuso que el gobierno federal reduzca el impuesto especial a la gasolina y el diésel, “en la magnitud necesaria para que el precio de los combustibles no suba”.

Por el PRD, la diputada Mónica Almeida calificó el acuerdo con la OPEP como histórico, pero insuficiente para resolver la crisis de los precios del crudo, además de advertir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está vendiendo México a Estados Unidos.

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“Resulta errónea la decisión del gobierno mexicano, al permitir la intervención de Estados Unidos, pues México queda a merced de las condiciones del país fronterizo para pagar este favor”, advirtió la legisladora.

Almeida señaló además que la actitud asumida por la secretaria de Energía en las negociaciones con la OPEP revela la obsesión del Ejecutivo por mantener nuestra economía subyugada a una política energética que no puede funcionar, pues PEMEX requiere aumentar el precio de su crudo para subsistir, no aumentar su producción.

         Los diputados planean instalar la Permanente de manera anticipada.

El tema petrolero podría ser buen asunto para tratarse en cuanto se reanuden las labores regulares en el Congreso de la Unión, aunque se probable que no se realicen sesiones ordinarias en ninguna de las cámaras, ya sea la de Diputados o la Senadores. Más bien, parece que la Comisión Permanente entraría en funciones a la brevedad.

Esto porque la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, encabezada por el también coordinador de la bancada de MORENA, Mario Delgado, analiza la posibilidad de que el próximo 1 de mayo se instale de manera presencial la Comisión Permanente para atender los pendientes, entre los cuales estarían el caso del petróleo y aspectos vinculados a la pandemia de Covid 19.

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Cabe recordar que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso fijan fechas límite para los periodos ordinarios de sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión, pero deja en libertad a los legisladores de darlas por concluidas con anticipación. Actualmente diputados y senadores están en receso por la obligada suspensión de actividades como consecuencia de la pandemia por el Coronavirus, pero se debe recordar que antes de interrumpir las sesiones, los diputados nombraron a quienes deberán integrar la Comisión Permanente.

Además de la posible instalación de la Permanente, Delgado informó que se estudia la viabilidad de llevar a cabo sesiones del pleno y de las comisiones legislativas vía remota.

Ante la contingencia sanitaria que deriva de la pandemia del coronavirus, los legisladores subrayaron la necesidad de que las Cámaras estén atentas a las necesidades que surjan para revisar leyes o decretos que permitan hacer frente a la emergencia.

Los coordinadores parlamentarios estarán atentos a la evolución que tenga la emergencia sanitaria por el Covid 19 y, mientras tanto, continuarán sus labores de manera virtual para atender desde el Legislativo los pendientes que surjan, añadió el coordinador de MORENA.

informó la Cámara baja.

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En esas reuniones virtuales revisarán el tema del recorte al presupuesto de la Cámara de Diputados, así como el destino final de esos recursos para que puedan ser utilizados en lo que más se necesite durante la emergencia sanitaria.

El Poder Judicial también ampliará el periodo de receso.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ampliar la suspensión de actividades jurisdiccionales del 20 de abril hasta el 5 de mayo.

De acuerdo con el informe, durante este periodo no se celebrarán audiencias ni correrán plazos procesales. En cambio, se celebrarán sesiones remotas del pleno y  de las salas del alto tribunal y se mantendrá la guardia para recibir controversias constitucionales en las que se solicite la suspensión.

El comunicado de la Suprema Corte aclara que esta ampliación del periodo de receso responde al acuerdo del Consejo de Salubridad General, que declara la emergencia sanitaria, y, también, conforme al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud por el que se establecen medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria.

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