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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Conflicto por energías limpias va para largo

«Esto no se acaba hasta que se acaba», acostumbraba decir el histórico jugador y luego manager de los Yanquis de Nueva York, Yogi Berra.

         La expresión se aplica ahora a la decisión de jueces federales de conceder amparo a empresas que instalan plantas generadoras de electricidad a partir de energías solar y eólica, inconformes con el denominado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), con el respaldo de la Secretaría de Energía (SENER) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

         Como ya lo hemos comentado, el fondo del asunto es la inconformidad del gobierno de la llamada Cuarta Transformación con las concesiones de que gozan empresas privadas, nacionales y extranjeras, para generar electricidad mediante el aprovechamiento de las energías solar y eólica y luego vender a la CFE. Muy al estilo de la actual administración federal, las autorizaciones aprobadas por anteriores gobiernos federales son producto de actos de corrupción y ponen en riesgo las de por sí deterioradas finanzas de la empresa eléctrica nacional.

          Estos argumentos no son suficientes para los jueces federales que al conceder los amparos lo que consideraron es que las empresas concesionarias cumplieron con todas las normas en la materia, que ahora pueden ser consideradas ilegítimas, pero siguen vigentes.

         Hasta ahora son dos jueces federales los que han concedido la suspensión, provisional o definitiva, para que no se aplique el mencionado acuerdo de la CONACE, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro. Este último todavía no concede la suspensión (amparo) definitivo, pero por los antecedentes se estima que decidirá igual que su colega de la Peza.

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         Los abogados de la CONACE ya impugnaron las resoluciones de esos jueces, pero hasta ahora sus argumentos no han tenido éxito y los conocedores presumen que ya no tendrán resultados positivos en esa instancia, por que tendrán que recurrir a jueces de alzada, es decir, tribunales colegiados de circuito.

         Pero inclusive en esa instancia, las sentencias no se pueden considerar definitivas, por lo cual se presume que este caso, como otros muchos pendientes de impugnación de leyes y hasta de normas constitucionales, tendrá que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y probablemente se ventilará inclusive en tribunales internacionales.

         Por ejemplo, el ex secretario de Economía durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el político de Nuevo León Ildefonso Guajardo Villarreal, advirtió que frenar proyectos de energía renovable no es una buena señal para inversionistas nacionales y extranjeros, por lo cual sugirió que, si la autoridad tiene dudas en torno a estos contratos, debe revisar los mecanismos para otorgarlos.

         “Vamos a estar sujetos a que nos lleven a paneles de controversias internacionales, donde el costo para el Estado mexicano de perder esos juicios puede ser altísimo”, advirtió el ex funcionario.

         Por eso es que conviene tener en mente el lema de Yogi Berra: “esto no se acaba hasta que se acaba”.

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         La caída de la economía viene desde antes de la pandemia.

         Bajo la amenaza de ser convertidos en una especie de policías fiscales, los expertos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están empeñados en dejar constancia de su autonomía de criterio, al confirmar la caída de la economía nacional desde antes de que surgiera la pandemia por el Coronavirus y para ello se valen de medir el Producto Interno Bruto, instrumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en erradicar y sustituir por otro que no sólo mida el crecimiento material sino también la felicidad.

         El INEGI reportó que, entre enero y marzo de este año, la actividad económica se contrajo en nuestro país, por cuarto trimestre consecutivo, aunque admite que la dimensión de esa caída resultó menor a lo estimado en su pronóstico del 30 de abril.

         Entre enero y marzo de este año, la baja en el PIB fue de 1.2 por ciento, lo cual significó una pérdida real por 227 mil 937 millones de pesos, prácticamente lo doble que se dedica a la Pensión Universal para Adultos Mayores en un ejercicio fiscal.

         El informe señala que en el primer trimestre de este año, el PIB decreció 2.2 por ciento a tasa anual y 1.2 por ciento respecto al periodo de octubre a diciembre de 2019. En los dos casos se llegó al nivel más de bajo desde el registrado entre febrero y marzo de 2009.

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         Los datos del primer trimestre de 2020 mantienen la tendencia de caídas sucesivas registradas desde el segundo trimestre de 2019 (-0.2 por ciento) y luego en el tercero de 2019 (-0.2) y cuarto del mismo año (-0.6).

         La caída del primer trimestre de este año, antes de que se desataran los efectos de la pandemia de Covid 19, profundizó las cifras negativas ya acarreadas, indica el reporte del INEGI.

         Las mediciones del INEGI incluyen una caída anual de 3.5 por ciento en las industrias y de 1.2 por ciento en los servicios, acompañados de un incremento de 1.1 por ciento en la actividades primarias.

         Respecto al trimestre inmediato anterior, las industrias se contrajeron 1.2 por ciento, las actividades terciarias 0.9 por ciento y las primarias en 1.7 por ciento.

         Además, el INEGI publicó que la actividad económica en el primer trimestre del año sumó 24 billones 341 mil 579 millones en pesos corrientes. Si embargo, a precios ajustados a una misma base, resultó en 18 billones 139 mil 598 millones de pesos. Ello no sólo implica una baja respecto al periodo inmediato anterior, de 227 mil 937 millones de pesos; sino respecto al primer trimestre de 2019.

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         Esto significa que el estancamiento de la economía el año pasado, sumada a la contracción derivada de la pandemia de Covid 19, resultan en un pérdida real de 402 mil 446 millones de pesos en la producción de la economía mexicana.

         Quintana Roo se prepara para la vuelta a la normalidad.

         Sin duda, uno de los estados más afectados por la paralización de las actividades económicas es Quintana Roo, cuya economía depende en gran medida del turismo, pero lejos de lamentarlo lo ocurrido, autoridades y empresarios se preparan para iniciar el retorno gradual a las actividades productivas.

          El gobernador Carlos Joaquín explicó que, en este momento, sólo están aprobadas actividades primarias como agricultura, ganadería, apicultura, pesca, construcción y acuacultura, aunque ya se habla de que en el sector turismo de la posibilidad de iniciar la apertura de algunos hoteles con el 30 por ciento de sus empleados para actividades internas, pero no para recibir turistas.

         No obstante, el gobernador Joaquín anticipó que las expectativas para recibir visitantes se reflejan en elevadas posibilidades de reservaciones. En particular, el portal de viajes Expedia informa que los tres primeros lugares más buscados son Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres como destinos de sol y playa, en tanto que en materia de vuelos Cancún es el quinto lugar por arriba de Londres. No obstante, el mandatario recomendó tener mucho cuidado.

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          Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, declaró que el hecho de que se haya detenido la obra para el proyecto Gran Solaris no debe ser motivo para que se suspendan las inversiones en esa zona turística, pues los trabajos se detuvieron después de llevar a cabo un detallado estudio técnico y un trabajo jurídico que permitieron llegar a esa decisión.

         La alcaldesa sostuvo que el proyecto afectaba la playa pública Los Delfines, motivo por el cual se tuvo que poner orden porque así lo demandaron los ciudadanos, quienes así como hicieron propio el Malecón Tajamar y el Ombligo Verde, lo mismo pretenden con Los Delfines.

         Apegados a la ley, estos antecedentes se tomaron en cuenta para la toma de cada decisión. Esto además de que tiene la decisión de FONATUR de apoyar al gobierno municipal a proteger 90 mil metros cuadrados de playas públicas, con la finalidad de que en un futuro nadie más pueda venderlas, fusionar terrenos, ni convertir la Zona Hotelera en un espacio sobresaturado.
Para rematar, Lezama invitó a los inversionistas a mantener la visión de Cancún como un lugar atractivo para realizar negocios. Aseguró que los empresarios serán bienvenidos siempre que estén apegados a la legalidad y al cuidado del medio ambiente.

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