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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Comisionado del INM evita mezclarse con diputados

         Este principio se vuelve muy actual porque, nuevamente, un funcionario público de alto nivel dejó de asistir a una comparecencia ante miembros de la Cámara de Diputados y, claro, no tendrá ningún castigo. Por el contrario podrá presumir que los legisladores federales “le hacen lo que el aire a Juárez”.

         En este caso se trata del recién designado director general del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Francisco Garduño Yáñez, quien con el pretexto de “una llamada de emergencia” canceló la reunión que tenía prevista con integrantes de las comisiones unidas de Asuntos Migratorios; y de las fronteras Norte y Sur de la Cámara de Diputados.

         Ya existen varios antecedentes de cancelaciones de última hora y los funcionarios federales en vez de ser reprendidos son protegidos ya sea por el ejecutivo o por los propios legisladores pertenecientes a la mayoría de MORENA.

         El caso de Garduño Yáñez no es la excepción, pues la presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia, de la bancada de MORENA, fue la que justificó la ausencia del funcionario al explicar que la reunión de canceló luego de “una llamada de emergencia”, que recibieron tanto el titular del INM como personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvieron que cancelar el encuentro.

         Lo real es que el gobierno trata de evitar que se examinen en público desacuerdos internos o dudas acerca del mejor proceder para atender los problemas nacionales. Otras comparecencias canceladas han estado vinculadas principalmente con la situación de la economía nacional y las advertencias de diversas instituciones en el sentido de que el crecimiento será menor a lo pregonado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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         El caso de Garduño Yáñez está relacionado con los cambios en materia de atención a los migrantes extranjeros que cruzan territorio nacional, bajo las presiones del gobierno de los Estados Unidos encabezado por el multimillonario Donald Trump.

         Para evitar la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas con las que amenazaba Trump, el presidente López Obrador envió una misión negociadora encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, quien se comprometió a contener el flujo migratorio. Luego designó una comisión especial, encabezada por Ebrard y en la cual apareció Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, organismo vinculado con la atención a las prisiones.

         Es decir, Garduño Yáñez era un carcelero – aunque su formación académica está vinculada a la defensa de los derechos humanos – que tuvo su momento de lucimiento, cuando hizo realidad el proyecto presidencial de convertir a las Islas Marías de un penal a un centro de preservación del medio ambiente.

Este viraje en el trato a los migrantes, aunque impuesto por los EU, fue criticado desde diversos sectores de nuestra sociedad, pero de manera destacada por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de MORENA, quien en particular destacó que Relaciones Exteriores asumía funciones que de acuerdo con las leyes corresponden a la Secretaría de Gobernación.

Las tensiones internas derivaron en la destitución – oficialmente presentada como renuncia

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– del entonces titular del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Tonatiuh Guillén López, quien siguió con otro cargo dentro de la Secretaría de Gobernación.

         El reemplazo fue Garduño Yáñez, quien casi de inmediato se volvió personaje destacado en los medios de comunicación y en las redes sociales por su desafortunada declaración en contra de los policías federales comisionados a colaborar cuestiones migratorias, que se quejaron de las deplorables condiciones sanitarias de sus improvisados cuarteles.

         El flamante funcionario se lució al aplicarles a los uniformados el despectivo término que repite con frecuencia el presidente López Obrador, los llamó “fifís”, aunque luego tuvo que rectificar cuando las protestas – y las fotos de las inmundicias que encontraron los policías en las instalaciones destinadas para ellos – llegaron hasta el primer mandatario.

         Garduño Yáñez pidió perdón, pero de cualquier forma quedaron grandes dudas acerca del comportamiento de quien se dice defensor de los derechos humanos.

         La Cosecha

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         Oficialmente todavía no entran en funciones, pero los miembros de la recién creada Guardia Nacional (GN), ya tienen por delante una larga lista de compromisos que cumplir, entre ellos combatir la inseguridad en la Ciudad de México.

         El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó que, en una primera etapa, se desplegarán mil 350 elementos de la Guardia Nacional en la capital de país.

Tras la firma de un convenio con el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el funcionario federal explicó que este domingo entrarán en operación 72 mil elementos en todo el país y se prevé que para fin de año haya 82 mil; mientras que para el año 2021 serán 120 mil y para el 2023, 150 mil.

En cuanto a la Ciudad de México, precisó que 450 guardias nacionales estarán en las alcaldías con mayor población y problemas de inseguridad, como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Tláhuac.

Como es costumbre entre los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, Durazo Montaño comentó que el problema de inseguridad que vive México se debe, en parte, al abandono de administraciones pasadas. “Es un abandono histórico, en la Policía Federal tienen ya más de 20 años y no se continuó el proceso de crecimiento de esta organización. Esa fue la razón que hace 10 años o un poco más se dio la participación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado y, luego a la inseguridad”, dijo.

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Por su parte, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador reconoció el alza de homicidios en la Ciudad de México, pero también culpó a las administraciones anteriores a la actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, y dio a conocer que la Guardia Nacional será desplegada en todas las alcaldías.

“Colocar a la Guardia Nacional en la Ciudad de México es un símbolo o una señal de que está rebasada la policía de la ciudad”, dijo en respuesta el ex jefe de Gobierno y ahora coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien confió en que esa acción haya sido bien evaluada.

Mancera recordó que, a finales de 2015, ocurrió una salida “muy numerosa” de presuntos delincuentes que estaban recluidos “y solamente en la Ciudad de México pasamos de tener 40 mil personas en prisión a hoy, 25 mil”.

“No hay una ciudad que lo resista y mientras siga la puerta giratoria así por más que quieran decir, repartir responsabilidades, van a encontrar la misma realidad, el problema es nacional”, agregó el ahora legislador, quien hizo votos porque el despliegue de la nueva corporación produzca los resultados esperados, ya que en este momento existe un “relajamiento” del sistema penal y “no hay ninguna preocupación por delinquir, porque la consecuencia, el costo es cero”.

         En Chilpancingo, Guerrero, supuesto alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron nuevamente por la fuerza oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en donde hicieron pintas con aerosoles.

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Esta vez la acción fue para exigir la renuncia del titular de la dependencia, Arturo Salgado Urióstegui, a quien acusan de generar inestabilidad en el plantel. Los supuestos estudiantes estuvieron en la Dirección de Educación Primaria, en el sector poniente de la ciudad, en la Coordinación de Administración y Finanzas, la Dirección de Educación Técnica y el rancho Los Cedros, donde operan temporalmente oficinas de la dependencia.

Esta protesta ocurrió apenas un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció haber designado a Omar Gómez Trejo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que se encargará de las revisar acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Además, en el Diario Oficial de la Federación se publicó en el Acuerdo por el que se crea dicha Unidad Especial.

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