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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Cancelada la ley Bonilla, AMLO militariza de nuevo las calles

No hubo oportunidad de desacuerdos o inconformidades. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declararon, por unanimidad, inválida la reforma a la Constitución de Baja California que amplió de dos a cinco años el periodo para el gobierno estatal que está en funciones, encabezado por el empresario Jaime Bonilla Valdez, postulado por MORENA.

         También, después de conocer la sentencia del máximo tribunal del país, todos los actores políticos, incluidos los gobiernos federal y estatal, los partidos políticos y las autoridades electorales se declararon de manera unánime a favor de desechar la llamada “Ley Bonilla”. Por supuesto, todos, incluidos los afectados, aseguraron que respetarán la decisión de la Suprema Corte.

         En consecuencia, el gobierno que encabeza Bonilla Valdez cesará sus funciones el 31 de octubre de 2021.

         Ya se sabía que el ministro Fernando Franco González Salas había preparado una ponencia en la que proponía a sus compañeros ministros invalidar esa reforma constitucional fabricada a la carrera, después de que los ciudadanos de Baja California ya habían votado por nuevo gobernador, por diputados locales que estaban a punto de cesar en sus funciones.

         Los comentarios personales de los ministros pasaron a segundo término, pues se impuso la voz del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien sostuvo que el proceso para intentar extender el mandato de Bonilla, resultó «un verdadero» y «gran» fraude a la Constitución».

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“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para violar democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático», afirmó el presidente de la Corte.

El directamente afectado, el gobernador bajacaliforniano, Jaime Bonilla, luego de conocer la decisión de la Corte, declaró que no le gusta pero respeta la decisión.

El que se puede considerar su abogado asesor, el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, manifestó que no se puede discutir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que será acatada.

         También el presidente provisional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar celebró la decisión del pleno de la Suprema Corte. Manifestó que “no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California”.

         Del otro lado, la dirigencia nacional del PRI, uno de los partidos que promovió la intervención de la  Suprema Corte, sostuvo que con esta sentencia del máximo tribunal se evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas.

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         En lo personal, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó de “histórico” el fallo de la Suprema Corte, “porque puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de poder. También reconozco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, que hicieron su parte, dando opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes”, dijo el priista, en un mensaje difundido por  las redes sociales.

         La dirigencia nacional del PAN, que inclusive expulsó a los diputados y otros funcionarios públicos que se prestaron a las maniobras para la fallida reforma constitucional, también celebró el fallo de la Corte y consideró que con la votación unánime, “triunfó el orden constitucional sobre la marrullería”.

         El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés sostuvo que el fallo es un rechazo al autoritarismo y se trató de una decisión histórica que fortalece la democracia y el estado de derecho.

         “Reconozco la decisión unánime de la SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada Ley Bonilla en Baja California. Esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, escribió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

         AMLO devuelve a las Fuerzas Armadas a las calles.

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         Apenas resolvió la Corte un asunto conflictivo y ya tiene otro en cartera, potencialmente más grave, pues sin duda reactivará las protestas por la militarización del país.

         Esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo por el cual ordena que las Fuerzas Armadas del país vuelvan a realizar actividades de seguridad por un periodo de cinco años. Esta disposición fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor hoy y terminar el 27 de marzo de 2024.

         Este decreto presidencial contradice lo que López Obrador postuló durante su campaña electoral en el sentido de que militares y marinos deberían regresar a sus cuarteles y además revive la intensa polémica que tuvo uno de sus capítulos más relevantes cuando el Congreso de la Unión discutió la creación de la Guardia Nacional, que al parece no ha podido llenar las necesidades de preservar la seguridad pública.

         En su acuerdo, el presidente López Obrador indicó que la participación de las instituciones castrenses se realizará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última.

         Las fuerzas armadas permanecerán en la calles en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto».

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         El decreto también establece que las Fuerzas Armadas se regirán en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

         “Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”, indica el acuerdo.

         En apariencia todo está previsto en esa orden presidencial, pero no se puede olvidar que este acuerdo contraviene mandatos constitucionales, como el artículo 21, que dispone textualmente: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, será de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”.

          Y también contraviene el 129 constitucional, que ordena: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habr Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

         Esta situación resultará especialmente conflictiva para el coordinador de los diputados federales de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política de su Cámara, Mario Delgado, que desde sus épocas de senador de oposición se ostentó como un opositor decidido de la militarización del país.

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         Casualmente, ayer por las redes sociales circuló la copia de una foto que se le tomó cuando se discutía una reforma a la Ley de Seguridad Interior, durante el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto. En esa imagen exhibe un cartel de color rojo con letras blancas que, enfáticamente dice: “No a la militarización del país”.

         “Desde que el Ejército está en las calles la tasa de civiles muertos aumentó 200%100 mil muertos…33,482 desaparecidos”, dice más abajo el cartel que luce el ex senador y ahora diputado federal.

         ¿Sostendrá las mismas ideas ahora que la orden de llevar nuevamente al Ejército a las calles es de su jefe y guía moral?

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