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El presidente Andrés Manuel López Obrador está, evidentemente, decidido a llevar el tema de juicio a los ex presidentes a las boletas electorales de las elecciones programadas para el año venidero.

         Pero no sólo eso, también trata de someter a la Suprema Corte de Justicia, a cuyos integrantes les pidió hace sólo con  días que no se dejen intimidar, que actúen con criterio y tomen en cuenta el sentimiento del pueblo al resolver conforme a la ley la solicitud de la consulta para enjuiciar a ex mandatarios.

         Vale insistir que la actitud del primer mandatario confirma que el interés es mantener ese asunto dentro del terreno político electoral, no hacer justicia.

         Si de aplicar la justicia de tratara, como lo han señalado diversos juristas y en particular el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar, bastaría con aplicar las leyes ya existentes.

         Pero, primero, se tiene que formular una denuncia penal y presentar pruebas de que, efectivamente, uno o varios de los ex presidentes cometió delitos con el mal manejo de los recursos públicos.

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         Hasta ahora hay sospechas y denuncias mediáticas, como las multipublicitadas del ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, quien en el esfuerzo de salvarse de las condenas que se le aplicarían por las admitidas irregularidades en el manejo de esa empresa estatal no ha dudado en implicar al ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al propio ex presidente Enrique Peña Nieto en actos de corrupción para beneficiar a la trasnacional brasileña Odebrecht o para encubrir operaciones irregulares de compra venta de plantas industriales prácticamente inútiles.

         Pero eso no es lo que interesa al presidente López Obrador ni a la llamada Cuarta Transformación, pues más allá de los escándalos en medios de comunicación, hasta ahora no hay una denuncia penal contra ninguno de los presuntamente implicados en las acciones irregulares no contra los que supuestamente están implicados mediante sobornos en reformas constitucionales contrarias al interés nacional.

         Lo que interesa al presidente es que el escándalo se mantenga en los medios de comunicación, bajo la presunción de que al mantenerse el escándalo hasta el día de las votaciones – el 6 de junio de 2021 – la gran mayoría de los ciudadanos expresará su disgusto con su voto a favor de MORENA convertido en adalid de la lucha contra la corrupción, aunque ninguno de los supuestos corruptos esté en los umbrales de una prisión o ni siquiera en la antesala de un tribunal penal.

         Ahora, a pesar de la petición del primer mandatario a los ministros de la Corte de que no se dejen intimidar, el propio López Obrador es el que aprovecha su alta investidura para menospreciar a los integrantes del alto tribunal al advertirles que  no es necesario su respaldo para convocar a la consulta popular tan deseada por el jefe de Ejecutivo Federal.

         En su intento de descalificar la opinión de los ministros – que apenas hoy, jueves, van a decidir si es constitucional o no la consulta, López Obrador aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba o no la posibilidad de enjuiciar a cinco ex mandatarios “yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso el poder judicial”.

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         A pesar de las denuncias de que hubo irregularidades al recabar firmas y hasta dentro de las filas de MORENA se puso en duda la capacidad para obtener el respaldo de más de 1.6 millones de ciudadanos – tanto que el propio López Obrador optó por hacer la solicitud personalmente – el primer mandatario también pidió a los ministros del máximo tribunal tomar en cuenta “cómo es que en 15 días, ciudadanos reunieron dos millones de firmas. ¿Qué está indicando este hecho, si se tiene sensibilidad? La gente quiere ser tomada en cuenta, independientemente del tipo de consulta”. Agregó, que se obtuvieron esas firmas “sin dinero, sin patrocinadores, sin medios de comunicación haciendo promoción, sin la participación de partidos, ni del gobierno. Se corrió la voz, y por las redes, y todo mundo ayudando”.

         Por eso, advirtió  que en caso de un resultado negativo, recurriría a su facultad de iniciar leyes, para reformar el artículo 35 constitucional relativo a las consultas populares, pues en su opinión, “es una simulación, letra muerta”.

          En otras palabras, si la Corte no está conmigo, la Corte no sirve y mejor la saltamos o le damos la vuelta.

         López Obrador señaló que lo que ocurra hoy, jueves, en la Corte será muy interesante porque “se va a resolver si se acepta que en los hechos se aplica la democracia participativa”. Los ministros deben definir si “nos quedaremos limitados en la democracia representativa” o realmente damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia, lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución”.

         Es muy sencillo de explicar, sostuvo: “se quiere que el pueblo sólo vote cada tres, cada seis años para tener representantes o se quiere que además el pueblo pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general”.

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         Afirmó que esto va más allá “del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal. Lo aclaro porque está en el artículo 35 constitucional: derecho del pueblo a ser consultado”, insistió el mandatario que ha solicitado a los ministros de la Corte no someterse a presiones, pero que hace lo posible porque los ministros validen sus ideas.

         Los bancos marcan distancia respecto del acuerdo de recuperación económica. 

         Mientra el gobierno federal y los organismos cúpula del sector privado han anunciado que el próximo lunes se darán a conocer los detalles de un programa conjunto de recuperación económica, la Asociación de Bancos de México (ABM) marcó distancia al establecer con claridad que no son instituciones de caridad y que su prioridad son sus socios e inversionistas.

         En particular, las instituciones financieras rechazaron la posibilidad de sacrificar parte de sus utilidades para hacer quitas a las deudas de los usuarios que se han visto afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid 19, como lo planteó la Secretaría de Hacienda la semana pasada.

         No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos; se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias, ese es el punto, afirmó el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera.

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         Aclaró que no se trata de que los dueños de los bancos van a regalar dinero porque ganan mucho dinero. Las utilidades de la banca en lo que va de este año se han contraído sustancialmente, agregó.

         En una videoconferencia de prensa, Niño de Rivera sostuvo que las nuevas medidas presentadas por Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no son obligatorias, puesto que el otorgamiento de los créditos se hizo banco por banco y cliente por cliente.

         Además, apuntó, es necesario que los clientes cuiden su historial para que una vez que termine la coyuntura actual puedan tener acceso a una fuente de financiamiento y recordó que las quitas son una práctica ancestral de la banca, cuando no hay alternativa.

         Las declaraciones del presidente de la ABM son a propósito del anuncio hecho la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y la CNBV de acciones para permitir a los bancos apoyar a sus clientes que, por la crisis, enfrentan dificultades para pagar, las cuales consisten básicamente en reducir el pago de mensualidades al menos 25 por ciento, aumentar el plazo de pago hasta en 50 por ciento de lo contratado inicialmente, reducir tasas de interés y hacer quitas al capital adeudado.

         Por otra parte, es de tomar en cuenta lo declarado por  el gobernador del Banco de México (BANXICO), Alejandro Díaz de León, en el sentido de que la «importante» salida capitales registrada en el contexto de la pandemia puede hacer más complejo tanto el ajuste de los mercados financieros como mantener la inflación baja y estable.

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         En mensaje publicado por Banorte, Díaz de León explicó que, a diferencia de otras economías en las que la inflación bajó, en México se ubica por arriba de la meta de 3 por ciento, lo que «ha hecho más limitado el espacio» para los ajustes de política monetaria. Actualmente la tasa de interés referencial es de 4.25 por ciento y reveló que el financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó 3.3 por ciento durante agosto de 2020.

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