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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Alertas contra la militarización del país

A pesar de los esfuerzos de los voceros del gobierno de la llamada Cuarta Transformación por defender el decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas a  cumplir tareas de seguridad, surgen alertas y manifestaciones de inconformidad de los partidos políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos por considerar que no se cumple con todo lo que ordenan las leyes en la materia.

         El principal defensor del acuerdo presidencial es el doctor en derecho y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien logró consolidar el acuerdo político que sacó adelante la reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional y, en particular, el artículo quinto transitorio que autoriza la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en casos de excepción.

         El mencionado artículo dice: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

         “El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76”.

         Aquí el punto sobresaliente es que las tareas de seguridad (de policía) que se asignen a las fuerzas armadas serán “de manera extraordinaria”, pues como ya mencionamos en ocasiones anteriores, sigue vigente el artículo 129 constitucional que establece: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Y todo iniciado en el estudio del Derecho sabe que una ley reglamentaria no puede estar por encima de la Constitución.

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         Aparte de estos antecedentes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación al advertir posibles violaciones a los derechos humanos, por lo cal pidió a las autoridades mexicanas revisar dicho el acuerdo que retorna al ejército y a la marina a realizar actividades policíacas.

         «La ONU-DH hace un respetuoso llamado para que se lleve a cabo una revisión del acuerdo bajo las consideraciones anteriores, con el objetivo de garantizar el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de la población», manifiesta un comunicado de la ONU-DH, para la cual “es fundamental que las fuerzas militares cumplan con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para oficiales encargados de hacer cumplir la ley”.

         En su comunicado, la ONU-DH reconoció los importantes retos que en materia de seguridad enfrenta el país y las dolorosas consecuencias que enfrenta la población por el accionar del crimen organizado, pero advirtió que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad.

         De paso, ese organismo internacional recordó que la estrategia de seguridad instaurada en México desde 2006 ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de derechos humanos.

         “Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista – bajo ciertas circunstancias – en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”, expuso la ONU-DH, que también indicó que se debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseña una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que no les son propias.

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         El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, declaró que su partido se prepara para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado acuerdo presidencial, pero precisó que se revisan los procedimientos y argumentos jurídicos, para no incurrir en errores, porque hay un artículo transitorio en la reforma de 2019 del cual el Presidente se ha valido. “Vamos a ir por el camino correcto y seguro”, dijo.

         A su vez, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, confirmó que “estamos evaluando la mejor ruta jurídica para proceder”. Y en forma parecida se manifestó la diputada del PRI Anilú Ingram, quien informó que su grupo parlamentario considera que “la falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar la crisis para concentrar más poder”.

         Bienestar insiste en prometer que se crearán dos millones de empleos.

         A pesar de los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del INEGI y de organizaciones patronales acerca de los cientos de miles de empleos que se han perdido en el curso del año, antes y después de la contingencia por la pandemia del Covid 19, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, volvió a prometer que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación creará este año dos millones de empleos.

         La funcionaria sostuvo que el objetivo de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador consiste en lograr una política de desarrollo social universal mas no asistencialista y aseguró que mediante la colaboración de diversas dependencias «vamos a coadyuvar a tener dos millones de empleos».

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         En conferencia prensa, Albores aseguró que el objetivo central de los programas de desarrollo social son precisamente las personas en situación más vulnerable, a fin de que lleguen a un bienestar digno.

         «El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Estamos haciendo una política social integral y diferente», dijo la titular de Bienestar (antes Desarrollo Social) al recordar que el primer mandatario ha dado instrucciones de no mentir, no robar y no traicionar.

         Lo que se busca, añadió, es «cambiar las políticas de desarrollo social de asistencialista a universal; no dádivas ni regalos, no usar ni clientelar ni electoralmente la política social y poner al centro a las personas».

         Indicó que para lograr el bienestar su pretende dotar a la población de servicios, trabajo, infraestructura, caminos, educación, un ingreso digno, una alimentación saludable, carreteras, luz, agua, drenaje, servicios bancarios, entre otros, atendidos a partir de 25 programas prioritarios.

         La funcionaria informó que el trabajo en conjunto de las distintas dependencias permitirá tres millones de créditos para elevar la parte económica, donde ya se colocó un millón de créditos, para mayo y junio van a integrarse otros 200 mil sembradores a los programas de apoyo, pero entre varias, afirmó, «vamos a coadyuvar a tener dos millones de empleos».

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         Contra el optimismo oficial, el senador del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba sostuvo que, en materia laboral, «el escenario se percibe ominoso», por la pérdida de casi 700 mil empleos hasta el momento.

         El legislador advirtió que los datos para regresar a una nueva normalidad no tienen respaldo, y dijo que se requiere «más claridad y certidumbre, porque ahora no hay timón ni timonel» en el manejo de la crisis sanitaria.

         «La probabilidad de regresar a la normalidad es un mapa que van coloreando. La nueva normalidad es que los datos que presentan no tienen respaldo. Un semáforo que no tiene datos reales”, advirtió el senador Ramírez Barba, quien también expresó dudas acerca del anunciado programa para normalizar las actividades en todo el país.

         «No tenemos un diagnóstico real de casos confirmados, sospechosos, decesos, no sabemos dónde están. Son 269 municipios que no sabemos si en realidad están libres del coronavirus», precisó al referirse a las localidades que empezarán a levantar la contingencia sanitaria según lo dado a conocer por el Gobierno Federal.

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