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Este comentario lleva dedicatoria para todos los dirigentes de
barras, colegios, asociaciones y confederaciones de abogados.
Ninguna voz se ha escuchado para opinar sobre las irregularidades
del doble proceso penal instaurado en contra del exdirector general
de Petróleos Mexicanos, traído de España en un avión de la Fuerza
Aérea Mexicana, no en línea comercial como se acostumbra realizar
el traslado de los extraditados o deportados.
Emilio Ricardo Lozoya Austin permaneció seis meses en una prisión
española, tras 14 meses de ser prófugo de la justicia mexicana. Se
negoció su llegada a México a tal punto que ni siquiera fue
fotografiado al descender del avión militar. No lo llevaron al
Reclusorio Norte, sino a un hospital privado, porque un médico
oficial y otro particular (cuyos nombres se desconocen, los
certificados deben estar en el expediente) diagnosticaron que debía
ser atendido inmediatamente de anemia y de un problema en el
esófago. El Ministerio Público aceptó esa determinación.
El presunto responsable de diversos delitos federales simplemente
no ha pisado la cárcel y no ocurrirá. Le colocaron un brazalete, le
recogieron su pasaporte y la visa, imponiéndole como “castigo” no
salir de la Ciudad de México. Del Hospital Ángeles del Pedregal, en
la oscuridad de una madrugada, salió hacia un domicilio, cuya
ubicación no se revelará “por seguridad”. Ni siquiera los dos jueces
fijaron una fianza, como tampoco hablaron de arresto domiciliario.
A ese último privilegio no puede acogerse el economista y abogado,
porque apenas tiene 45 años de edad. Recuerdo que los dos casos

más recientes beneficiaron al licenciado Luis Echeverría Álvarez y a
la profesora Elba Esther Gordillo Morales, por ser mayores de 70
años. El expresidente fue procesado, sentenciado y exhonerado.
Además de cumplir con su arresto en casita. La profesora ha librado
los tres juicios que le instruyeron y también tuvo autorización para
recibir atención médica hospitalaria privada.
FACILIDADES NUNCA OTORGADAS
Salvo que mi memoria falle, no encuentro antecedentes de que a
un presunto presidiario le tuvieran tantas consideraciones por el
solo hecho de acogerse a la nueva legislación penal, máxime que el
escándalo es mayúsculo, traspuso las fronteras continentales. Se
habla de que en el caso del soborno propiciado por la empresa
brasileña Odebrecht, Lozoya Austin no era funcionario. Sin
embargo, como los millones de dólares se invirtieron en la campaña
política electoral del candidato presidencial, apoyado por el PRI,
hubo violación a la legislación en materia electoral.
Es el primer caso que se registra en los anales judiciales de que la
persona vinculada a proceso penal rinda su primera declaración,
empleando la moderna comunicación llamada “virtual”, es decir
desde donde se encuentre el indiciado, cómodamente, puede
responder a las preguntas del juzgador. En el asunto que nos ocupa,
son dos procesos, dos jueces, dos Ministerios Públicos y el equipo
de abogados defensores.
Bien, pero, además, desde el inicio ambos juicios son privados. No
hay información oficial, sino únicamente lo que se comenta como
sucedió en una “mañanera”, cuando el Presidente de México dijo
que Lozoya Austin había dado nombres de involucrados en la red
de corrupción. Todo quedó en palabras, como siempre, sin
identificar a los corruptos.

Todas las facilidades, nunca antes otorgadas, demuestran que
Emilio Ricardo Lozoya Austin mantendrá su libertad “con brazalete
localizador”, continuará “firmando” el libro respectivo mediante el
uso del correo electrónico, seguramente se evitará la ignominiosa
ficha signalética de frente, de perfil derecho, de perfil izquierdo y
un número a la altura del pecho. Obvio, no vestirá el uniforme
destinado a los reclusos. No sabrá qué es la fajina y no probará la
comida penitenciaría.
Con este caso, suman dos que no dejan nada bueno al Poder
Judicial Federal. El de poner en libertad al hijo del narco “Chapo”
Guzmán, por orden presidencial, y la protección al exfuncionario
del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, misma que no le
brindó a la experredista y exjefa de Gobierno del Distrito Federal,
María del Rosario Robles Berlanga, huésped del penal de Santa
Martha Acatitla.
Finalmente les comento que de doña Rosario, de los
exgobernadores Duarte, del abogado Juan Collado, se difundieron a
granel las correspondientes fotografías, a raíz de su detención. ¿Por
qué no hay una sola de Emilio Ricardo del 17 de julio a la fecha.
Será cierto que no está en México y como leí en la columna “En Las
Nubes” de mi colega Carlos Ravelo, Lozoya está en Canadá, ¿puede
creer eso?
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿La Fiscalía General de la República permanecerá sin oponer
recursos legales para encarcelar al corrupto peñanietista?
jherrerav@live.com.mx

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