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Política

Indaga la PGR a Oro Negro por fraude

No todo lo que brilla es oro, es un refrán que bien podría aplicar a la empresa petrolera Oro Negro, asesorada por el ex director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, y Gonzalo Gil White, hijo del ex SHCP en el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, que es investigada por la PGR por el desvío del pago de 900 millones de dólares para financiar 5 contratos por arrendamiento de plataformas marinas con Pemex.

El fideicomisario de bonos Nordic Trustee ASA y cinco contratistas presentaron una querella contra la compañía y sus accionistas, entre ellos: Gonzalo Gil White, Alonso del Val Echeverría, Édgar Rodrigo García y Laura Margarita Palacios, así como contra empleados del Deutsche Bank México.

Entre el 23 de abril de 2013 y el 18 de diciembre de 2015 Pemex Exploración y Producción adjudicó los contratos de arrendamiento por la plataformas Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus, presuntamente propiedad de Perforadora Oro Negro S. De R.L. de C.V., por mil 100 millones 56 mil 737 dólares; sin embargo, previamente Pemex había firmado por lo menos cuatros contratos con la empresa TODCO México INC, que fue la empresa que le ‘cedió’ los contratos a Oro Negro Perforadora.

Por ejemplo: el contrato 421003823 era por un monto 174 millones 348 mil 970 dólares ($2.131.485.897,84 pesos); otro 421003824, por 206 millones 625 mil 767 dólares ($2.526.082.651,88 pesos);  el contrato 421004800 era por un monto de 243 millones 662 mil 250 dólares ($3.201.795.063,68 pesos); y el 421004806 por un monto de 227 millones 549 mil 750 dólares ($3.042.840.766,95 pesos.

Ya de manera individual, Oro Negro firmó el contrato 641005817 para el arrendamiento de una plataforma autoelevable por un monto de 247 millones 870 mil dólares ($4.247.500.320 pesos).

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DE DÓNDE SALIÓ EL FINANCIAMIENTO

Para financiar la operación, Oro Negro Drilling hizo emisiones de deuda a través de bonos que hoy ascienden a 900 millones de dólares; sus tenedores eran representados por Norsk Tillitsmann, hoy denominada Nordic Trustee.

Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000864/2018, el capital se entregó a las subsidiarias de Oro Negro Drilling para la adquisición de las plataformas marinas.

De acuerdo con la denuncia, los cinco contratistas y los acreedores acordaron constituir el fideicomiso F/1695 en el Deutsche Bank México para recibir los pagos de los contratos con Pemex.

El acuerdo era que el dinero que ingresara se dispusiera para pagarle a Perforadora Oro Negro el IVA; cubrir los honorarios del fiduciario Deutsche Bank; abonar las rentas a las cinco contratistas, conforme a los acuerdos de fletamento a casco desnudo; y pagar costos operativos y gastos de administración de Perforadora Oro Negro.

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Las partes acordaron que, en caso de incumplir con las obligaciones contraídas por las emisiones de deuda, el 100 por ciento de las acciones de Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus -que pertenecían a Oro Negro Drilling- serían transferidas a Nordic Trustee.

El 11 de septiembre pasado Perforadora Oro Negro presentó una demanda de concurso mercantil y 18 días más tarde las cinco contratistas se sumaron al proceso.

Las demandas significaron un incumplimiento al acuerdo de bonos, por lo que Nordic Trustee se hizo del control de las propietarias de las plataformas.

Los denunciantes señalan que, al revisar las constancias del concurso mercantil, descubrieron que Oro Negro no había pagado las rentas a las dueñas de las plataformas.

«De lo anterior se desprende que, aun cuando mis representadas no habían recibido el pago que les correspondía por concepto de rentas con motivo del fideicomiso, Deutsche Bank México había transferido a Perforadora diversas cantidades de dinero», señalaron los ofendidos.

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Advirtieron que el banco obedeció las órdenes de Perforadora para desviar recursos del fideicomiso, sin verificar las reglas del convenio, y omitió entregarle información de los movimientos financieros a los ahora denunciantes, pese a que era su obligación.

La denuncia no precisa los montos del dinero desviado. El delito que podría configurarse es la violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

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