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En jaque, operatividad del INSABI

Las preocupaciones de aquellos expertos que vieron con desasosiego cómo se extinguía el Seguro Popular para dar paso al INSABI de la 4T, hoy se ven materializadas con el desmantelamiento de un equipo emanado del modelo del Servicio Profesional de Carreras, cuyos puestos penden de un hilo, y avizoran con ello un colapso administrativo que pondría en jaque la operación del Instituto.

Estos funcionarios forman parte de áreas sustanciales como lo son el despacho de financiamiento y el padrón de afiliados, motores del desaparecido Seguro Popular y base nodal para la correcta puesta en marcha del INSABI, caracterizado hoy en día por la improvisación.

Desde su titular, Juan Antonio Ferrer, quien carece de toda experiencia en el sector, el Instituto de Salud para el Bienestar arrancó abriendo la puerta a contrataciones aleatorias y poniendo de lado los preceptos del Servicio Profesional, que buscaba asegurar, como su nombre lo anuncia, la profesionalización y el acceso a la función pública con base en el mérito de los servidores de la federación.

Cuando recién se realizó la transición del cambio de la administración, a la salida de Enrique Peña Nieto, la que quedó como encargada del Seguro Popular, Ivonne Cisneros Luján, Comisionada Nacional de Protección Social en Salud giró oficios notificando a varios funcionarios del Servicio Profesional de Carrera, que sus plazas serían extintas sin que previamente se realizará ningún diagnóstico y análisis para medir el impacto operativo de dicho recorte a plazas.

Lo hizo bajo indicaciones del nuevo titular del ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a razón de las medidas de la “Austeridad Republicana”.

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Entre los transitorios de la apresurada reforma a la Ley General de Salud se estipula que los recursos financieros, materiales y humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) –que administraba el empleo de los fondos para el Seguro Popular–serían transferidos al Insabi.

No obstante, entre los estatutos del nuevo Instituto no figuraba el Servicio Profesional de Carreras, ni lo adoptaron como modelo de contratación, por lo que muchos funcionarios suscritos bajo este régimen quedaron en la incertidumbre y otros más fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión.

El desmonte de estas estructuras metió el acelerador a inicios de 2020, cuando el INSABI daba sus primeros pininos. Con el relevo de Juan Antonio Ferrer en lugar de Ivonne Cisneros, en julio de 2019, quedaban más de 100 funcionarios del Servicio Profesional, pero la “rasurada” de la primera dejó cerca de 70 trabajadores para inicios de 2020.

Para el segundo semestre de ese año quedaba menos de la mitad del personal que había conformado desde su inicio el brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

A la fecha, un grupo de 26 funcionarios siguen en vilo sobre cuál será su futuro en esta transición y han visto perdidas tres quincenas de su salario regular pese a que siguen laborando, mientras son empujados a renunciar o aceptar contratos poco claros.

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Esto daría paso a una contratación indiscriminada en el INSABI, que no sólo vulneraría la operatividad del día a día en una institución que debería ser clave en la procuración de salud sino que pone en riesgo recursos económicos que no garantizan un impacto en la atención de las personas sin seguridad social y condena al rezago a miles de pacientes.

Ahondando más, este órgano sigue dando pasos cortos para definir los perfiles del resto del aparato administrativo que debe operarlo más allá de la dirección y coordinadores nacionales (subdirecciones, jefaturas de departamento), cuyos puestos por designación directa no garantizan que los servidores públicos que llegarán serán óptimos para el encargo.

La profesionalización de los actuarios, analistas financieros, economistas, administradores, contadores que trabajaban para el Seguro Popular robustecía la operatividad de este para poder ejercer, con base en el análisis, los recursos financieros entre el padrón.

Un ejemplo de ello es el crecimiento desmedido entre el Seguro Popular y el Insabi, que pasó de 53 millones de afiliados a 60 millones de “beneficiarios”, sin que existiera un diagnóstico, reglas de operación, ni estudios técnicos y financieros que ampararan de inicio la suficiencia presupuestal para poder operar.

No se pueden dejar de lado los recursos que enviaba el Seguro Popular, de la federación a los estados (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal) para que cubrieran aspectos como pago de nómina médicas, adquisición de medicamentos y de equipo médico, proyectos de obra, conservación y mantenimiento de unidades de salud, entre otros que hoy se hace por medio de la llamada “aportación federal”.

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La cartera de atenciones, medicamentos, etc, se determinaba en función de los mismos afiliados y con el recurso presupuestal disponible para que fuera sostenible financieramente la cobertura de los servicios médicos para las personas que no tienen seguridad social.

Estas transferencias de recursos están contempladas en el presupuesto, pero los que llegan de forma intempestiva al INSABI no conocen todas las reglas, aspectos, ni las leyes que se deben cumplir para que las entidades federativas puedan recibir los recursos federales correspondientes para garantizar la prestación de los servicios de salud en las unidades de salud correspondientes.

Como lo es la Aportación Estatal, la cual, la Ley General de Salud establece que las entidades deberán cumplir con su respectiva aportación para que puedan percibir los recursos federales.

Y lo que hace el Instituto es nada más replicar el producto terminado, es decir, “copian y pegan”, lo que son los montos a transferir, pero sin análisis de si alcanzará para cierto tipo de población, la demanda en cuanto a servicios, insumos y no se hable de los institutos del tercer nivel.

Cabe aquí hacer mención de que, entre las mayores incertidumbres por la gestación del Instituto del Bienestar estaba el tema del financiamiento y la distribución de recursos, pues instituciones de alta especialidad, como el FUCAM, dejaron de percibir los apoyos que les proporcionaba el Fondo de Seguro Popular pasando con ello factura a miles de pacientes.

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Contratación en el limbo

De los 26 funcionarios del Servicio Profesional de Carrera que sobrevivieron a la podadora, a algunos se les ofrecieron contratos eventuales de junio a diciembre de 2020, aunque sin garantía de continuidad para el 2021, por lo que no han querido tomar esa salida.

Además, han quedado desamparados ante la propia Secretaría de Salud, la cual, no les ofrece respuesta sobre su situación, ni si serán reubicados o ‘liquidados’ conforme a lo que corresponde por ley pese a que ha sido notificada en más de una ocasión.

Sus protestas han recaído en la directora de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, Analí Santos Avilés, quien no solo los ha dejado en ‘ascuas’ sobre su papel en la transferencia al Insabi, si no que tampoco los auxilió con el pago que dejaron de recibir.

Tampoco han rendido frutos sus reuniones con el coordinador Nacional de Administración y Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, y con el abogado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Insabi, César Alberto Hernández Escorcia.

Sin saber si se trata de una maniobra para orillarlos a firmar sus renuncias, pues la retención de su nómina acaso se aprecia como ilegal, los 26 afectados advierten que el personal que podría reemplazarlos no cuenta con experiencia, profesionalización y desconoce el sistema.

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Hacen un llamado por ello a las autoridades de Salud para definir, en el mejor de los casos, su permanencia en el Instituto, pues lo que buscan es certeza laboral, o de lo contrario una liquidación justa.

Pero además, esta situación es una advertencia, pues su salida podría poner en jaque a un INSABI en pañales, cuyos encargados carecen del conocimiento y ‘credenciales’ que sí tienen estos 26 servidores públicos para llevar las riendas administrativas y de diagnóstico en favor de la atención salud de millones de mexicanos.

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