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El Senado vs el uso ilícito de recursos por funcionarios

Ernesto Cordero, presidente del Senado, presentó una iniciativa que pretende abatir la corrupción y el abuso de atribuciones por parte de funcionarios en todos los niveles del gobierno.

Estos males, afirma el senador panista, se han convertido en las últimas décadas en un grave perjuicio a las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad, debido a las repercusiones que entraña en su desarrollo.

Por ello su iniciativa busca reformar los artículos 217 del Código Penal Federal, los artículos 4, 47, 50, 58 y adiciona el 73 bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y los artículos 50 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ello, afirma, facultaría a la Auditoría Superior de la Federación a revisar directamente el gasto federalizado y obligaría a su coordinación en los estados y municipios.

Pero lo más importante es que se detectaría en forma temprana cualquier daño y perjuicio cometido contra la Hacienda Pública federal, estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos de dichos órdenes de gobierno.

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Esta iniciativa de Cordero, amplía los supuestos que integran las faltas administrativas no graves y graves que cometan los servidores públicos en el ejercicio de su encargo, como el desvío de recursos públicos que se haya realizado de manera culposa o negligente, y que no encuadre puntualmente en el supuesto establecido en el artículo 54 de la Ley.

De igual forma se consideraría como desvío aquello que genere un beneficio indebido para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o hasta terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Y propone especificar, dentro de los fines de la materia, el concepto de gasto federalizado y de las participaciones federales.

El gasto federalizado es el que se refiere a las transferencias federales etiquetadas a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las participaciones federales son los recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, derivados de su integración al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y son recursos de libre administración hacendaria cuyo destino y ejercicio atiende a la normativa local.

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Esta iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

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