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Política

Cinco estados con más expedientes de protección a periodistas y activistas

La Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Oaxaca son las entidades que agrupan 52 por ciento de los expedientes incorporados al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al sumar 204 casos en total.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 establece seis objetivos encaminados a lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, prevenir violaciones a éstos y garantizar su ejercicio y goce.

También fortalecer su protección, generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos y sistematizar información en la materia para fortalecer las políticas públicas.

El 10 de mayo de 2012, la Secretaría de Gobernación recibió el decreto que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde entonces inició el término constitucional para formular observaciones o sancionar.

Dicha legislación crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

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De esta manera, de octubre de 2012 a febrero de 2017, se presentaron 478 solicitudes de incorporación al Mecanismo, de las cuales 84 no fueron admitidas, para quedar en 394, de éstas 172 fueron por parte de personas defensoras de derechos humanos y 222 de periodistas.

En el caso específico de este año, al mes de febrero sumaron cinco las peticiones admitidas de incorporación por parte de las personas defensoras de derechos humanos, mientras que las de periodistas fueron cuatro.

De acuerdo con el Informe Estadístico del Mecanismo de la Secretaría de Gobernación, al mes de febrero de este año, se han presentado 11, de las cuales dos no fueron admitidas y nueve admitidas, de éstas cuatro fueron ordinarias y cinco extraordinarias.

Por entidad federativa, la Ciudad de México encabeza la lista de las solicitudes admitidas con 75, siendo 2013, el año que más fueron ingresadas con 26; seguido de 2016 con 16; 2015 con 19; 2014 con 11; 2012 con una y 2017 con dos.

Le sigue Veracruz con un total de 51 expedientes, de éstos 24 fueron admitidos en 2015; 10 en 2016; nueve en 2013, ocho en 2014; ninguno en 2012 ni en lo que va de 2017.

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Mientras que Guerrero reportó 33 expedientes solicitudes admitidas; en 2015 y 2016 ingresaron 10; en 2014, siete; en 2012 y 2013, tres; y al mes de febrero pasado ninguna; el Estado de México aceptó 24, nueve en 2013; siete en 2016; cuatro en 2015; dos en 2014, y una en 2012 y 2017.

En quinto lugar se ubica Oaxaca, con 21 solicitudes admitidas, seis en 2013, cinco en 2014, cuatro en 2016, tres en 2012, dos en 2015 y una a febrero de este año.

En contraste, Aguascalientes, Durango, y Nayarit, son las entidades que sólo incorporaron un expediente de octubre de 2012 a febrero de este año; Colima y Guanajuato, dos.

Mientras que las personas beneficiarias actualmente suman 505, en el periodo de referencia, 176 son periodistas y 329 defensoras de derechos humanos.

Por entidad federativa, la Ciudad de México tiene 111; Estado de México, 43; Veracruz, 41; Michoacán, 34, Guerrero, 32 y Oaxaca, 27, considerando personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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De acuerdo con la estadística, el tipo de agresiones de las que son objeto las personas beneficiarias son secuestro/privación de la libertad, agresión física y amenaza, que en conjunto sumaron 425 casos, de octubre de 2012 a febrero de 2017, de los cuales seis en este año.

Por amenaza, las peticiones de incorporación ascienden a 303, de las cuales 160 fueron para periodistas y 143 para los defensores de los derechos humanos.

Ante ello, se establecieron medidas de protección extraordinarias, otorgadas por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida mediante evaluación de riesgo de acción inmediata, que sumaron 610, de las cuales 307 fueron para defensores de los derechos humanos y 303 de periodistas.

La mayoría de las medidas que se contemplan en este rubro son: solicitudes de información sobre los avances en las averiguaciones previas, comunicación sobre la incorporación de las personas beneficiarias al Mecanismo, solicitudes de reuniones entre diversas autoridades, solicitudes de gestiones a diversas autoridades, entre otras.

La protección extraordinaria incluye el uso de escoltas, seguridad de inmuebles, bienes físicos, patrullaje, telecomunicaciones, botón de pánico, manuales de autoprotección, presentación de denuncias, entre otros.

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El 27 por ciento de los expedientes ingresados al Mecanismo, esto es 115, se determinó la conclusión de las medidas de protección, principalmente por la disminución del riesgo, de los cuales 51 fueron por descenso del riesgo, 17 por desistimiento, 11 por falta de interés, cinco por no ubicación, y dos por otros motivos no especificados.

La Ley establece cuatro tipos de medidas: de Prevención conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas, con los objetivos de reducir los factores de riesgo, combatir las causas que las producen y establecer garantías de no petición.

Preventivas, son el conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones; de Protección, medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario.

Las medidas urgentes de protección, se encargan de resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad, la libertad y seguridad del beneficiario. Estas medidas deberán ser implementadas en un plazo máximo de nueve horas.

En cuanto a los procedimientos, se denominan ordinarios a aquellos en donde no existe riesgo inminente a la vida o integridad de la persona defensora de derechos humanos o periodista, para la implementación de medidas preventivas y de protección.

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Serán extraordinarios, en el supuesto de que el peticionario declare que su vida, integridad física o la de las personas que señala la ley, están en peligro inminente.

Ante ello, el caso será considerado de riesgo alto y se indicará el procedimiento para la implementación de Medidas Urgentes de Protección. Este procedimiento deberá aplicarse en un término de nueve horas.

Durante la presente administración federal, el Mecanismo se ha planteado 10 objetivos, mediante los cuales destaca los avances logrados, pero también establece los asuntos pendientes, los cuales están plasmados en el documento titulado «Avances y Retos 2012-2016» del Mecanismo, publicado en el blog del gobierno federal.

Como parte de los avances se logró abatir el rezago, al aumentar el número de casos revisados y aprobados en las Juntas de Gobierno, al pasar de cuatro casos por sesión en 2012, a un promedio de 38 por sesión en 2016.

Se concretaron reuniones durante 2016 con los estados para refrendar los términos de coordinación de los convenios marco y acordar acciones conjuntas de protección y prevención.

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En 2016 también se trabajó con organizaciones de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, para la elaboración que dio origen a la Alerta Temprana y se realizaron talleres de autoprotección dirigidos en 2015 y 2016 en Coahuila, Tabasco, Aguascalientes, Ciudad de México, Veracruz y Querétaro.

Disminuyó a la mitad el número de solicitudes no aceptadas; se logró incorporar 25 por ciento de los casos a partir de la detección por monitoreo de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Además permitió que la admisibilidad y elaboración de estudios de evaluación de acción inmediata se diera en menos de tres horas y la implementación de medidas urgentes de protección en un máximo de nueve horas.

Se desarrolló un sitio web para brindar mayor información del Mecanismo y un acceso inmediato a los teléfonos de emergencia; se apoyó al programa de alertas tempranas 2016 del Mecanismo, por parte de la organización Freedom House con financiamiento de la Unión Europea.

Para 2018, el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas será un referente tanto nacional como internacional y contará con una agenda eficaz de prevención coordinada con las entidades federativas.

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