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La carta aclaratoria de la Secretaría de la Defensa Nacional al columnista

Raymundo Riva Palacio de El Financiero por el tema de las labores del ejército en
actividades de seguridad, obras públicas y acciones cívicas aporta referentes
sobre los fundamentos legales que explican la participación de militares en
labores fuera de sus cuarteles.
El tema central radica en el hecho de que la seguridad nacional que
corresponde a las fuerzas armadas se contiene en acciones que tienen efecto en
el mantenimiento de la seguridad del Estado, de la sociedad, de la gobernabilidad
democrática y de las condiciones para generar bienestar. Los nuevos enfoques
de seguridad ya no satisfacen las actividades propias de la vigilancia, sino que
definen la seguridad como parte de la estabilidad nacional para el crecimiento
económico, el bienestar y el desarrollo, tres factores que definen hoy las doctrinas
de seguridad interior.
Ahí, en la seguridad interior, se encuentra el punto a debatir. La seguridad
no es sólo la aplicación de la ley y el uso de la fuerza hegemónica y legal del
Estado para combatir cara a cara a grupos delictivos infractores de las leyes de
convivencia social, sino que también tiene labores para restaurar la garantía de
seguridad territorial para la inversión, la actividad productiva y el bienestar.
La seguridad pública asume características de seguridad interior cuando
los grupos delictivos no afectan los bienes personales del ciudadano, sino que

dañan la soberanía territorial del Estado, sus instituciones, su forma de gobierno y
el modelo de desarrollo, es decir, cuando los delincuentes se convierten en
Estado criminal. La seguridad interior es, dice la doctrina de seguridad al
respecto, “la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la
seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento
del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio
nacional”. Las policías protegen al ciudadano y las fuerzas armadas al Estado, sus
instituciones y sus funciones de bienestar,
En este sentido, aquí se ha reiterado que la participación de las fuerzas
armadas no es de policías, sino de garantes de la existencia del Estado, de sus
leyes y del bienestar vía un clima de paz para inversiones y desarrollo afectados
por la presencia tóxica de grupos criminales que afectan el funcionamiento del
Estado.
Las fuerzas armadas participan como una institución del Estado –la
fundamental para garantizar su existencia y hegemonía– que tiene la función de
defender la soberanía del Estado y la democracia representativa a través del uso
de la fuerza institucional contra organizaciones criminales que poseen capacidad
armada superior a las fuerzas de seguridad pública y menores a la de las fuerzas
armadas regulares.
El tema central, por tanto, es la seguridad interior como parte de la
seguridad del Estado. Por mandato en la fracción VI del artículo 89 constitucional
el presidente de la república puede movilizar tropas en situaciones acreditadas a
la seguridad interior, que es lo que ha ocurrido cuando por errores y
complicidades políticas y de gobierno los grupos criminales tomaron el control de
partes territoriales de la soberanía del Estado.
La participación de las fuerzas armadas ha sido regulada por las leyes
civiles y se circunscribe a acciones de apoyo, con el agregado formal de que
militares y marinos retirados pueden ser funcionarios de la seguridad pública civil
sometidos a las leyes civiles, pues sólo se aprovecha su experiencia y formación
en seguridad nacional y seguridad interior.

En este contexto, la fórmula es sencilla de plantear: la seguridad interior
exige la participación de las fuerzas armadas para mantener el funcionamiento
de las instituciones del Estado para la búsqueda del bienestar social en el
combate contra grupos delictivos que se han apoderado de territorios e
instituciones del Estado.

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Política para dummies: La política es parte de la seguridad democrática
del Estado y de la democracia.

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