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Carlos Ramírez – INDICADOR POLÍTICO: La consulta del ministro Lelo (1): fracasaron Corte, INE y Morena

 La consulta del domingo próximo que se diseñó en su proyecto original para enjuiciar en tribunales penales a los últimos cinco expresidentes del ciclo neoliberal será un fracaso acreditable, sobre todo, al enredo jurídico-constitucional del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, a la apatía del Instituto Nacional Electoral y al desorden en Morena.

1.- El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anuló la pregunta original que involucraba el apoyo popular para investigar y sancionar delitos de los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada, Calderón Hinojosa y Peña Nieto, porque la pregunta violaba los principios de la impartición de Justicia; en su lugar introdujo una nueva pregunta que no será vinculante con procedimientos judiciales y que cambió el expediente de ministerio público por una gelatinosa comisión de la verdad para el “esclarecimiento de decisiones políticas” realizadas por “actores políticos”.

2.- De acuerdo con las reglas legales de realización de consultas públicas, el INE tenía la obligación de promover la discusión informada para motivar la reflexión de la ciudadanía. Sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello desdeñó la consulta por desacuerdos con su diseño, se la pasó regateando fondos especiales para presupuestar el proceso, disminuyó el número de casillas y se negó a una promoción masiva de la convocatoria.

3.- El partido Morena, a su vez, no ha podido salir del caos organizativo que tiene desde su fundación y su dirección política resultó incapaz de estimular el debate sobre la crisis acreditable a los gobiernos neoliberales. Morena no elaboró expedientes de los presuntos inculpados, tampoco realizó discusiones públicas que motivarán a los ciudadanos y sus cuadros, muchos de ellos forjados en los gobiernos de los cinco 5 expresidentes del ciclo neoliberal, también privilegiaron la apatía ciudadana.

En este sentido, el resultado de la consulta tendría su parte fundamental no en la base mínima de votantes de 47 millones para hacerla válida de manera legal y vinculante, sino que el punto central de la inutilidad estuvo en el cambio de la pregunta original y el diseño de otra pregunta ajena de manera total al sentido político de la intención del presidente López Obrador.

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El problema adicional radica en el hecho de que la consulta tendrá menores efectos simbólicos porque no se promovió un posicionamiento mediático fuera de los territorios limitados de la mañanera presidencial. La exclusión de los nombres de los expresidentes de la república desmotivó el sentido político de la consulta y alejó a los señalados de una persecución judicial por presuntos delitos cometidos durante sus respectivos sexenios.

El ministro Zaldívar careció de sentido político en aquella reunión del 1 de octubre del 2020 en la que desautorizó la declaración de inconstitucionalidad de la pregunta original que había presentado al pleno la ponencia del ministro Luis María Aguilar. El ministro presidente quiso someterse a la intención presidencial de promover mecanismos ajustados al modelo de democracia deliberativa, pero a costa de subordinar las funciones de la Corte a tareas políticas y no estrictamente de Tribunal Constitucional.

El cambio de la pregunta, la apatía intencional del INE y la pasividad desorganizada de Morena le quitaron el sentido político a la consulta. Y en el camino ninguna instancia gubernamental realizó indagatorias periciales o apertura de expedientes judiciales contra los cinco expresidentes. La intención original de enjuiciar al neoliberalismo como modelo de gobierno careció de sentido y de viabilidad, pero de manera lamentable no abrió el debate sobre irregularidades legales cometidas por funcionarios de gobiernos anteriores.

El resultado de la consulta representará una pérdida de prestigio del mecanismo de las consultas como camino de mayor participación popular en la toma de decisiones gubernamentales.

Lo que queda por saber es si el gobierno lopezobradorista preparará una comisión de la verdad sobre el pasado gubernamental y si tomará la decisión de abrir expedientes judiciales contra ex presidentes al margen de la consulta.

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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