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El arresto del secretario de la Defensa Nacional y jefe del ejército en el
gobierno del priísta Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012-noviembre de 2018)
tuvo el efecto de una bomba de racimo o de un escopetazo al diseminar daños
múltiples en todas direcciones. Pero fue un nuevo caso de diplomacia imperial de
los EE. UU. para arrestar a funcionarios de gobiernos extranjeros por presuntos
delitos que han afectado poco o nada a la población estadunidense.
El tema central es el narcotráfico como siembra y trasiego de drogas
diversas en México y su internación a los EE. UU para satisfacer la demandada de
estupefacientes de 30 millones de adictos dependientes y, dicen, 150 millones de
consumidores intermedios. Hasta ahora, el gobierno de los EE. UU. ha
desarrollado una diplomacia de la droga para arrestar y enjuiciar a extranjeros
señalados por introducir toneladas de drogas a territorio estadunidense –con la
complicidad, por cierto, de autoridades de los EE. UU.) y controlar la venta de sus
productos en tres mil ciudades del mercado al menudeo de consumidores.
El general en activo Salvador Cienfuegos Zepeda –los exministros nunca
pasan a retiro y mantienen estatus diplomático especial– fue arrestado al bajar de
un avión en Los Angeles por una orden de aprehensión liberada desde agosto del
año pasado por un juez californiano, en base a una acusación de proteger a un
cártel minúsculo –más bien: una banda– en el estado mexicano de Nayarit, cuya
droga llegó por algunos kilos y no toneladas a los EE. UU. para el consumo y
satisfacción de los adictos americanos.

El general Cienfuegos, en sus tiempos de ministro, fue reconocido por la
comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares
de los EE. UU, y condecorado por su esfuerzo en la lucha contra los narcos y el
crimen organizado. En los gobiernos mexicanos de 2006 a 2018 el ejército
descabezó al 85% de los cárteles, sus jefes fueron muertos, arrestados o
extraditados a prisiones estadunidenses. Las cifras oficiales del ejército mexicano
incluyen, por ejemplo, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, hoy sentenciado a
cadena perpetua en una prisión estadunidense. Hasta ahora sólo sobreviven dos
grandes capos: Ismael El Mayo Zambada como jefe del cártel del Chapo y
Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, jefe del poderoso Cártel Jalisco Nueva
Generación que opera en el 90% de México.
El dato más importante del caso Cienfuegos radica en la decisión unilateral
–imperial, de hecho– del gobierno de los EE. UU. y de los presidentes Ronald
Reagan, George Bush Sr., Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama y Donald
Trump para definir una estrategias militar, civil y judicial de carácter transnacional
para tener cuando menos la definición unilateral de intervenir en otros países por
cuestiones de narco, bajo el supuesto de que son un peligro para los EE. U., la
misma doctrina, por cierto, que explica las acciones militares y de inteligencia de la
Casa Blanca en todo el mundo en el terreno del terrorismo.
Hace un par de meses el presidente Trump, por ejemplo, autorizó a sus
agencias militares y civiles a lanzarse a la cacería de El Mencho, pero no sólo en
los EE. UU. –en caso de que ande por ahí–, sino dentro del territorio mexicano;
desde entonces, agentes del FBI, la DEA y la CIA operan con autonomía imperial
en México para perseguir al fantasma de un capo que, dicen muchas versiones, ya
está muerto. Aún así, esas agencias realizan actividades policiacas –y obvio: de
inteligencia– en México que no permitirían en su propio país.
La transnacionalización de las actividades de siembra, procesamiento y
trasiego de drogas en México es hoy el símbolo del intervencionismo imperial
estadunidense, aunque con el reconocimiento de que las autoridades mexicanas
desde siempre han estado vinculadas a la creación, crecimiento y auge de los
cárteles mexicanos. El argumento estadunidense insiste en que esa droga entra a

los EE. UU. para envenenar a sus ciudadanos, aunque con dos hechos
incontrovertibles: el cruce fronterizo de droga se hace con la corrupción de
autoridades estadunidenses y el consumo de adictos norteamericanos determina
la oferta. Sin embargo, en las cárceles de los EE. UU. hay vendedores de droga,
distribuidores menores y ningún capo grande. Tampoco se han detenido ni
encarcelado a los banqueros que lavan dinero del narco en bancos americanos.
En un juicio que apenas comienza y cuyas acusaciones y pruebas se
desconocen, el arresto de un general en activo rompió los acuerdos de
entendimiento entre las comunidades militares de ambos países y mostró que los
estadunidenses piensan en sus intereses, lo que llevará a un cierre de la
colaboración militar mexicana con los planes antiterroristas y de seguridad
ideológica delos E. UU. ante el auge de los populismos latinoamericanos y la
penetración en el continente iberoamericano de los chinos y los musulmanes
radicales, además de la presencia soviética a través de Cuba.
El arresto de un general mexicano por una agencia menor que ha sido
famosa por la estridencia y las acusaciones sin pruebas es parte del desorden en
la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, donde Trump
ha viciado el profesionalismo y provocado la remoción de sus jefes como si fueran
empleados menores, En septiembre casi 500 funcionarios en activo y retirados de
la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional civiles y
militares criticaron a Trump por incompetente y pidieron el voto por el demócrata
Joe Biden, lo que representó la peligrosa politización de la seguridad nacional.
Por la dimensión menor del cártel beneficiado de manera supuesta por el
general mexicano, el arresto fue una intervención de los EE. UU. en las
instituciones mexicanas y una violación de la soberanía.

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