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En las últimas horas se desató una guerra burocrática por el control de la

línea estratégica de la política exterior y de seguridad nacional mexicana hacia los
EE. UU. en la coyuntura de los intereses de geopolíticos de la Casa Blanca ante
las elecciones del 3 de noviembre.
Además de reacomodos de grupos de poder en el gobierno mexicano, el
trasfondo real es la visión nacionalista del presidente López Obrador que
desarrolla el canciller Marcelo Ebrard y los intereses de Washington y la
comunidad de servicios de inteligencia de la Casa Blanca que parecen estar
detrás de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.
El campo de acción ha sido el caso Cienfuegos. Ebrard se movió con
excesivo cuidado y en función de los estilos pausados del presidente de la
república, en tanto que la embajadora ha dado por supuestos los cargos y ha
pedido un aumento en la “colaboración” mexicana en materia de seguridad que
hasta ahora no sólo ha beneficiado a Washington, sino que le ha dado carta
blanca para desarrollar operativos de espionaje en México. En el caso Cienfuegos
ha sido evidente: las agencias de inteligencia de los EE. UU. espiaron a
mexicanos dentro de México.
En este sentido, el caso Cienfuegos ha llevado al debate justo el tema de la
colaboración, que para funcionarios como Bárcena quieren ser
colaboracionismo en función de los intereses los EE. UU. y sin respetar la

soberanía mexicana y los intereses nacionales de instituciones como las fuerzas
armadas. Para las agencias estadunidenses, “cooperación” quiere decir
subordinación, en tanto que el presidente López Obrador y algunos mandos
militares plantean la exigencia de que México desarrolle sus propias estrategias y
políticas.
El punto clave radica en lo que Kissinger, en los sesenta, señaló como la
definición de las políticas exteriores: los “intereses nacionales”. Y resulta que los
intereses nacionales de los EE. UU. no son los mismos que los intereses
nacionales de México. El caso Cienfuegos debe entenderse como una forma de
presión de los EE. UU. para obligar a México a regresar a la guerra criminal
contra el narcotráfico que sembró al país de muertos, en tanto que el presidente
López Obrador está comprometido con el modelo de construcción de la paz que
implica enfoques contrarios a los estadunidenses.
El asunto Cienfuegos ha puesto al descubierto los dos enfoques
contradictorios en materia de seguridad nacional y soberanía mexicana frente a la
seguridad nacional y la soberanía extendida imperial de la Casa Blanca. El
enfoque de la embajadora Bárcena no pone en entredicho los intereses perversos
de la estrategia de seguridad estadunidense y justifica las acciones de espionaje,
operativos de la DEA dentro de México que violan los acuerdos y la soberanía
mexicana y aconseja atender las preocupaciones estadunidenses.
Ebrard, en cambio, se ha ajustado al enfoque nacional del presidente
López Obrador y su estilo a veces incomprendido de trato con el presidente Trump
para eludir confrontaciones inútiles con el imperio. Ebrard operó por instrucciones
presidenciales la visita de López Obrador a Trump en Washington y la embajadora
Bárcena se dedicó a bombardearla.
El cargo de secretario de Relaciones Exteriores ha pasado, en los tiempos
del PRI y el PAN, por la embajada de México en Washington porque ahí se
asumen las presiones e intereses estadunidenses. Ebrard viene del equipo
central de López Obrador desde el 2000, fue sucesor designado en la jefatura de
gobierno del DF y tiene asignadas tareas adicionales a las relaciones exteriores

por el grado de confianza presidencial, además de mantener aceitadas relaciones
con los grupos de Trump y del demócrata Joe Biden.
Por esas razones se da la disputa por la cancillería mexicana.

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Política para dummies: La política es el juego palaciego de intereses.

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