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Carlos Ramírez – INDICADOR POLÍTICO: Aprovechar propuesta de Coparmex y CCE, pero reforma fiscal contra riqueza

Como no había ocurrido antes, el gobierno lopezobradorista debería aprovechar la recomendación de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial para una segunda convención nacional hacendaria y adelantarse presentando una reforma fiscal de veras, integral, como instrumento redistribuidor del ingreso y la riqueza y con cargas para imponerle contribuciones a la plusvalía o riqueza personal/empresarial derivada de la producción.

En las propuestas empresariales existe, en efecto, la realización de convención nacional hacendaria. Y el punto es fundamental: todas las crisis económicas desde 1970 han obedecido a una crisis fiscal del Estado, es decir, cuando los ingresos pierden el equilibrio con los gastos y la economía funciona con déficits presupuestales que presionan la inflación y ésta siempre deriva en devaluación.

Ahora mismo la estrategia del presidente López Obrador para atender a damnificados por el coronavirus se ha enfrentado a un tope en los ingresos y, de paso, a un desorden en los gastos. Por lo tanto, el dilema ha sido atender sólo a un segmento de la sociedad o aumentar los ingresos fiscales; la respuesta está a la vista; apoyos sólo a los grupos más vulnerables y rascar un poco más dinero fiscal hasta debajo de las piedras presupuestales.

La única convención nacional hacendaria la propuso el presidente Fox en 2004 y su secretario hacendario Francisco Gil Díaz, pero sus resultados fueron bloqueados por los empresarios: rechazaron cualquier impuesto a su riqueza o a sus utilidades. En 1971, luego que de manera sorpresiva presentó sin consultar a sectores una ley de reforma fiscal, el presidente Echeverría enfrentó una respuesta agresiva de la Coparmex. Ayer como hoy, los empresarios quieren una ley fiscal que le cobre impuestos “a los bueyes del compadre”.

Pero ahora que la Coparmex y el CCE piden convención nacional hacendaria, la respuesta gubernamental debiera ser una ley de reforma fiscal que eleve la carga fiscal de 26% a 35%, el promedio de países de la OCDE, pero de la mano de una reforma en la estructura del gasto para eliminar irregularidades, entre ellos los pasivos del Fobaproa-IPAB que se siguen cargando al presupuesto. No puede existir un país que tienen a quince ricos que tienen una fortuna del 12% del PIB contra el 10% de las familias pobres que apenas llegan al 2% del ingreso nacional. Y tampoco debe darse el hecho de que el empresario más rico de México, Carlos Slim, haya ganado la concesión para el segundo tramo del Tren Maya.

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El fisco debe ser el instrumento de equidad social y de redistribución de la riqueza. Las políticas sociales son responsabilidad del Estado, pero un gobierno no puede atender un país con 80% de mexicanos que viven con una a cinco carencias sociales y desarrollar proyectos de infraestructura, pues el dinero que se tiene no alcanza para todo.

La crisis fiscal del Estado, casi cuarenta años de gobiernos neoliberales que promovieron la desigualdad social y la concentración del ingreso por políticas fiscales empresariales y un gobierno posneoliberal serían el escenario ideal para una reforma fiscal que se convierta, con controles legislativos y sociales en gasto, en la promotora de políticas sociales y de desarrollo para salir del hoyo recesivo de 2% de PIB promedio de 1983 a 2018.

Lo malo es que la Coparmex y el CCE quieren hoy una convención hacendaria para bajar los impuestos y aumentar la riqueza empresarial y personal y no para una verdadera política de desarrollo social del Estado para combatir de manera seria y consistente la marginación y abatir la desigualdad de 80% de pobres y 20% de ricos.

 

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ENCUESTAS. Para los que se mueven en función de encuestas, hay dos que merecen una explicación; la de El Financiero coloca la aprobación presidencial arriba de 60% y la de Consulta Mitofsky en El Economista mostró ayer la recuperación de la línea de flotación de 50% de aprobación, pero en medio de la peor oleada de críticas mediáticas a Palacio Nacional. La primera lectura a botepronto indicaría que el mensaje presidencial ocupando medios ha sido eficaz, al margen de si lo declarado es efectivo o no.

Política para dummies: En política funciona la técnica ya olvidada del judo: aprovechar el impulso del adversario para derribarlo.

 

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