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Apoyo a MiPymes, esencial para mantener empleos, indican senadoras y senadores

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Legisladoras y legisladores de distintos Grupos Parlamentarios del Senado coincidieron en la necesidad de poner en marcha, lo más pronto posible, políticas públicas encaminadas a proteger a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MiPymes, durante y después de la pandemia por COVID-19, para que se puedan mantener los empleos de miles de trabajadoras y trabajadores en el país.

Durante la mesa de diálogo virtual “Protección del Empleo y del Ingreso de las Familias”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), integrantes de la Cámara Alta concordaron en la instauración de un Acuerdo Nacional para que todos los puntos de vista de la sociedad converjan en estrategias certeras para superar la crisis económica.

En su participación, la senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que México atravesará por la peor crisis económica de su historia, por lo que será importante lograr un gran Acuerdo Nacional para usar todos los recursos que México dispone y poner en marcha buenas políticas públicas.

Indicó que nuestro país arrastra problemas económicos debido a dos problemas estructurales: la falta de confianza para la inversión privada; y la carencia de una estrategia que ayude al crecimiento del país. “Las respuestas del gobierno han quedado muy cortas”, aseguró.

La legisladora avaló las medidas emprendidas por el Banco de México para respuesta a la crisis económica e inyectar liquidez a las MiPymes para evitar la falta de solvencia en éstas. Sin embargo, agregó, hace falta que el Gobierno Federal tenga mayores aportaciones fiscales. “México tienen con que salir de esta crisis, pero se necesitan las medidas de apoyo fiscal suficientes y responsables”, puntualizó.

A su vez, el senador Damián Zepeda Vidales, integrante de la bancada del PAN, propuso establecer un Ingreso Único Universal, el cual consiste en una transferencia directa de tres mil 207 por mes a todos los trabajadores de México, sean formales o informales, mientras dure la emergencia sanitaria.

Detallo que cerca de 54 millones de mexicanos forman parte de la Población Económicamente Activa, de las cuales alrededor del 60 por ciento se encuentran en la informalidad. El legislador aseguró que con este apoyo se beneficiará a las y los mexicanos que no tienen ingresos en este momento y también a las empresas, ya que permitirá mantener miles de empleos.

Recordó que el 54 por ciento de las y los trabajadores mexicanos ganan menos de dos salarios mínimos diarios, además, el 73 por ciento de la PEA, gana menos de 10 mil 200 pesos mensuales. “La propuesta es perfectamente realizable y creo que sería lo justo para apoyar a todos los mexicanos”, aseveró.

Al respecto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y miembro de la bancada del PRI, señaló que el programa de reactivación económica presentado por el Presidente de la República, amparará a 20 millones de personas para finales de año. La prioridad debe ser, por el contrario, un plan para que cada vez haya menos gente que necesite amparo, sentenció.

Añadió que es fundamental la participación de los gobiernos estatales y del sector privado para la reactivación de la economía nacional. Detalló que se debe dejar de lado las aspiraciones políticas y las ideologías para, en primer lugar, lograr acuerdos locales, y posteriormente llegar a un gran Acuerdo Nacional.

Detalló que dicho acuerdo deberá tener como prioridad atender el empleo y el ingreso para que la gente pueda regresar a trabajar cuanto antes, por lo que los esfuerzos deben estar encaminados a organizar cómo reabrir las empresas. “No va a haber ninguna fórmula económica que funcione sin que la gente pueda volver con seguridad a trabajar”, afirmó.

El senador Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que, aparte del combate a la emergencia sanitaria, se debe atender la posible “pandemia del hambre”, por lo que es urgente reactivar la economía desde este momento para que las Pymes puedan mantener los empleos.

Añadió que es necesario reactivar a las empresas productivas a través de tres acciones: duplicar los fondos de las instituciones de crédito a través de la banca comercial; diferir los impuestos y contribuciones sociales por 120 días para pagarlos el siguiente año; y diferir, también durante 120 días, el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Afirmó que con estas propuestas, las pequeñas empresas podrán superar la crisis actual, pero también será necesario crear un Consejo de Reactivación Económica de las Cadenas Productivas, para atender los empleos generados por empresas extranjeras como la automotriz.

De acuerdo con datos del Banco de México, la tasa de desempleo podría superar el 10.7 por ciento, lo que superaría a algunas de las crisis más fuertes vividas con anterioridad. Además, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde el 13 de marzo y hasta el 6 de abril se habían perdido casi 347 mil empleos formales de un universo de más de 20 millones.

El mismo CCE, advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay “medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica”. Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estimó una pérdida de hasta un millón 500 mil empleos formales.

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Martí Batres urge a garantizar seguro de desempleo

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• Propone apoyo económico de 30 días de salario mínimo durante tres meses, a quienes hayan perdido su empleo formal involuntariamente.

El senador Martí Batres Guadarrama promueve una iniciativa para expedir la Ley Federal del Seguro de Desempleo, a fin de otorgar un apoyo económico de 30 días de salario mínimo durante tres meses, a quienes hayan perdido su empleo formal involuntariamente.

Advirtió que si no se atiende el problema generado por los recortes de personal o el cierre de fuentes de trabajo, difícilmente podrán garantizarse el acceso a la salud, la vivienda, la educación y otros derechos.

El legislador de Morena subrayó que el desempleo aumenta la desigualdad estructural y la pobreza, porque se traduce en el estancamiento de la economía, así como en la precarización en la calidad de vida, sobre todo de los sectores más vulnerables: niños, mujeres, personas con discapacidad, indígenas.

Martí Batres consideró que en este contexto es responsabilidad del Estado otorgar un apoyo económico a quienes se encuentran temporalmente desempleados, para que puedan atender sus necesidades más elementales: alimentación, vestido y educación.

Pero además, la iniciativa incluye diversas acciones para estimular la incorporación de las personas al sector formal de la economía, promover su capacitación y desarrollo de habilidades, así como asesóralas en el proceso de reincorporación al mercado de trabajo.

Ante los impactos negativos provocados por la pandemia, asentó el senador, es urgente tomar las medidas económicas respectivas para hacer frente a esta crisis.

Refirió que España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Suiza, entre otras naciones, ya cuentan con este tipo de mecanismos para proteger el ingreso básico de las familias.

Sin embargo, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el único que no cuenta con un seguro de desempleo a nivel nacional.

A nivel local, destacó el legislador, hay un antecedente implementado por el Gobierno del entonces Distrito Federal, en 2006, que consistía en un apoyo económico de 30 días de salario mínimo durante 6 meses, a quienes enfrentan la pérdida de su empleo.

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