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Alejado de la realidad que funcionarios deban desbloquear sus redes sociales

El periodista que ganó un amparo para que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, lo desbloqueara de Twitter, no necesariamente aplica para todos los funcionarios, pues fue contra un acto concreto y específico, aseguró el experto en derecho, José Oscar Valdés Ramírez.

Luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al periodista Miguel Ángel León Carmona, se abrió un debate donde se decía que se iba a exigir a los funcionarios que desbloquearan a todos los que habían bloqueado en sus redes sociales, recordó.

Sin embargo, el también experto en derecho constitucional aclaró que el amparo fue contra un acto concreto y específico, bajo el argumento que el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad que defendía Winckler, por lo que no necesariamente es aplicable para todos los funcionarios.

“Se dio un debate donde decían que se iba a exigir a todos los funcionarios que desbloquean a todos los que habían bloqueado, nada más alejado de la realidad”, enfatizó en un comunicado.

Explicó que el supuesto amparo del periodista no es contra una ley, sino simple y sencillamente fue el Artículo 6 Constitucional, que dice que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

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Así, en ese supuesto, el amparo fue contra un acto concreto y específico, considerado como un acto de autoridad el bloqueo de una cuenta de Twitter, mismo que el periodista jamás injurió ni faltó al respeto al funcionario que ordenó dicho bloqueo, indicó el experto.

Para Valdés Ramírez, sería interesante se legisle en ese tema y se tomen las redes sociales como el derecho a la petición, pues en ocasiones se dirigen a las autoridades para pedirles opinión o una solicitud -sería interesante que estas contestaran-, pues el artículo 8 precisa la acción de pedir.

Pero se debería agregar, además “por cualquier medio electrónico”, para que se amplié la protección constitucional, máxime que a las autoridades de inmediato les dan la confirmación de cuenta (la palomita azul).

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