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Columnistas

Miguel Ángel Rivera- CLASE POLÍTICA: Los delincuentes mejor armados que las autoridades

 Si no fuera porque las calles y los edificios aledaños no muestran destrozos graves, se diría que los primeros videos que circularon por las redes sociales con escenas del enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas armadas en Culiacán, Sinaloa, podrían provenir de países con graves conflictos bélicos, como Irak o Siria, o por lo menos de alguna película o programa de televisión acerca de las incursiones de los “boinas verdes” de los Estados Unidos en enclaves “terroristas”.

         A quien esto escribe le llaman en particular la atención las escenas donde se aprecia un vehículo de carga – al parecer un camión de tres toneladas – convertido en plataforma para una ametralladora de alto poder (ignoro el calibre) que recorre las avenidas casi en plena libertad, pues obviamente nadie se atreve a ponerse a su alcance. El poderoso artefacto era manipulado por un hombre joven y a su lado iba otro muchacho que portaba un rifle automático.

         Al parecer el arranque se estos hechos violentos fue la captura de un hijo del capo del narcotráfico actualmente preso en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo”.

         Unas versiones dicen que el aprehendido es Ovidio Guzmán López, pero también hay quienes dijero que el capturado por las autoridades fue Iván Archivaldo Guzmán Hernández, apodado “El Chapito”.

         Paralelamente se dio a conocer e igualmente existen videos una fuga de al menos 20 reos del penal de Aguaruto y bloqueos de carreteras en el norte de Sinaloa, en terrenos de los municipios de Ahome (Los Mochis) y El Fuerte.

         Algunos informes no debidamente confirmados aseguran que algunos de los fugados fueron recapturados en medio de los enfrentamientos armados  y bloqueos en la capital de Culiacán.

         En espera de conocer detalles, lo primero que llama la atención es la actitud de las bandas de delincuentes, que en ocasiones parecen mejor organizadas que las autoridades encargadas de contenerlos y, por supuesto, parecen mejor equipados que las “fuerzas del orden”.

         Se puede decir que fueron acciones encaminadas a dejar en claro “quien es el que manda”.

         El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó de la fuga. Señaló que al llegar autoridades fueron agredidas y resultaron dos custodios muertos.

         Añadió que un operativo encabezado por la Secretaría de de la Defensa Nacional (SEDENA) desató reacciones de civiles armados que efectuaron bloqueos y ataques hacia los elementos federales.

            En tanto, durante su gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que luego de los hechos violentos ocurridos en Sinaloa, el gabinete de seguridad se reunió para tomar cartas en el asunto.

         «Están reunidos, ellos van a dar la información, hay que esperar», dijo el mandatario, quien

declinó adelantar detalles e insistió en que las autoridades de seguridad brindarán detalles de lo ocurrido este jueves en calles de Culiacán.

         El secuestro es todavía un grave problema en gran parte del país.

         Por desgracia, lo ocurrido en Sinaloa no es el único indicador de las altos niveles de inseguridad en la República.

         Un reporte de la Organización Alto al Secuestro detalla que durante la presente administración, hay registro de 1,883 víctimas de secuestro, cuyas denuncias se integraron en 1,538  carpetas de investigación. Lo grave es que, en contraste, sólo se han detenido a 1,379 personas por su probable participación en estos delitos.

         Esto nos habla del alto índice de impunidad que hay en este delito, recordemos que una banda de secuestradores se integra al menos por 5 personas y nuestras autoridades no están deteniendo ni siquiera un secuestrador por cada víctima, destacaron los especialistas de la organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace.

         En su reporte, Alto al secuestro detalló que durante septiembre se levantaron 131  carpetas de investigación por secuestro, lo que representa una disminución del 7.7 por ciento respecto a agosto 2019 donde hubo 142 carpetas

         Pero en cuestión del número de víctimas hubo un incremento del 9 por ciento, al llegar a un total de 180, mientras que agosto hubo 165 víctimas.

         El total de detenidos, 119, representó una disminución del 4 por ciento respecto al mes anterior, donde hubo 124 detenidos

         Los estados con mayor incidencia de secuestros durante septiembre fueron Veracruz (35), México (16), Ciudad de México (7), Morelos, Tabasco y Tamaulipas (6) y Guanajuato, Michoacán y Puebla (5).

         Los estados libres de secuestro fueron Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa y Yucatán.

         Felicidad por el inicio de obras en Santa Lucía.

         Antes de lo ocurrido en Sinaloa, el presidente López Obrador había tenido momentos de gran alegría, como la de dar el “banderazo” a las obras de su tan querida remodelación de la base aérea de San Lucía para convertirla en aeropuerto alterno del Internacional de la Ciudad de México.

         Tras calificar el inicio de las obras del nuevo aeropuerto que se llamará “General Felipe Ángeles” el primer mandatario definió esa jornada como un día histórico y anunció que éste será inaugurado el 21 de marzo de 2022.

         Durante el acto inaugural, el Ejecutivo federal activó una alarma sonora para ordenar el inicio de la obra, con maquinara y personal que trabajará a partir de este jueves y por dos años en la construcción de la nueva terminal área que tendrá un costo total de 75 mil millones de pesos y buscará resolver la saturación del actual aeropuerto capitalino.

         «Es un acto histórico porque se inicia la construcción de este aeropuerto, que es una obra importante y es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, austeridad y honestidad”, sostuvo AMLO.

         El presidente comprometió al director de la Escuela Militar de Ingenieros, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien fungirá como arquitecto constructor, a que la obra esté lista para ser inaugurada el 21 de marzo del 2022. “Tiene mucha energía acumulada porque se interpusieron los amparos y va cumplir con este compromiso”, indicó.

         Acompañado por los gobernadores de los estados de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, López Obrador afirmó que en este proyecto se privilegió el interés nacional y el colectivo por encima de los intereses personales, además de refrendar la decisión con una consulta ciudadana.

         En defensa de su anhelado proyecto, el primer mandatario reiteró que el aeropuerto de Santa Lucía va a costar menos. “No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades en el país” dijo al recordar que la cancelada terminal de Texcoco estaba presupuestada en 300 mil millones de pesos más los imprevistos. Es mucho mejor esta opción aun con el pago de bonos y la liquidación de empresas, en total se ejercerán 180 mil millones. Nos vamos ahorrar 120 mil millones de pesos”, insistió.

         Además agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas para este proyecto y dijo que se cumplirá en tiempo y forma con el presupuesto estimado para la construcción que es de 75 mil millones de pesos y se comprometió a que, a pesar de ser una obra de seguridad nacional, se informará con transparencia el ejercicio de recursos. “No ocultaremos nada”, dijo.

         Al fin apareció la “Ley Bonilla”.

         Al fin, ayer jueves fue publicada en el Periódico Oficial del estado de Baja California la reforma de ampliación de mandato, la llamada «Ley Bonilla», que fue entregada por el Congreso estatal al Poder Ejecutivo y entrará en vigor a partir de este viernes 18 de octubre.

         Al aparecer la reforma, ahora sí hay posibilidad de que la impugnen los partidos y las organizaciones civiles que están en desacuerdo con el “madruguete” para ampliar el periodo del próximo gobernador de es estado fronterizo de dos a cinco años.

         Anteriormente, el PAN y  dos municipios de Baja California, Mexicali y Tijuana, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declarar inválida, por anticonstitucional, esa reforma aprobada de última hora por los diputados que ya iban de salida. Pero esas demandas no prosperaron porque la reforma no había sido publicada, por lo cual los ministros del máximo tribunal no podían revisar una ley que técnicamente “no existía”.

         El plazo para la impugnación y la sentencia del máximo tribunal es muy reducido, menos de dos semanas, pues entrará vigor a partir de hoy, viernes.

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