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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Por fin ¿se investiga o no a Medina Mora?

El presidente Andrés Manuel López Obrador intentó despejar dudas e invalidar rumores al aclarar que la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Eduardo Medina Mora Icaza es consecuencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por movimientos aparentemente irregulares de dinero.

         La renuncia de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia no obedeció a una venganza política desde el Poder Ejecutivo. “Él tomó libremente su decisión de renunciar…no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación de la Fiscalía General de la República», precisó López Obrador, quien también descartó que pretenda designar como sustituta a una persona a modo, como lo acusa la oposición.

         Lamentablemente para el primer mandatario, su intención de dejar zanjado este asunto y de desvirtuar especulaciones que van desde una venganza contra un enemigo político hasta intentos de control sobre el Poder Judicial, pierde efectividad debido a declaraciones contradictorias de sus propios colaboradores y allegados.

         Las dudas surgen, por un lado, de declaraciones de la secretaria de la Función Pública, Irma

Eréndira Sandoval, quien por su cargo debe ser uno de los funcionarios mejor enterados de irregularidades cometidas por otros servidores públicos. Ella declaró ayer que, “por el momento”, no hay alguna acusación en contra de Medina Mora mientras fue servidor público.

         Al reunirse con funcionarios anticorrupción de Nigeria, Sandoval destacó que el primer convenio de colaboración de la dependencia a su cargo “fue ni más ni menos fue con la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay mucha colaboración, saben que hemos trabajado desde el primer día haciendo realidad esa aspiración de todos los mexicanos de coordinar el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, no es más que otro que coordinar, no es pisar facultades sino reunir esfuerzos, y ahí está el resultado».

         La referencia de la titular de la Función Pública a Medina Mora no sólo refleja falta de comunicación con su jefe, el presidente de la República, sino que además pone en evidencia que tal vez no comenta asuntos de oficina dentro de su matrimonio con el académico John Ackerman, quien en un artículo publicado en el diario La Jornada, fustigó al ministro renunciante.

         El profesor universitario – a quien sus allegados ya dan por seguro secretario general de la UNAM para el segundo periodo del rector Enrique Graue Wiechers – escribió:

         “Eduardo Medina Mora era para el Poder Judicial lo que Rosario Robles era para el Poder Ejecutivo. Ambos encarnan el descaro y la corrupción del viejo régimen. Fueron alfiles claves en un sistema cuyo principal propósito era la desviación de fondos públicos y el encubrimiento de recursos privados con el fin de consolidar el predominio de una pequeña mafia en las cúpulas de la política y la economía nacionales.

         “La trayectoria de Medina Mora también se parece a la de José Antonio Meade, ya que ambos tuvieron largas carreras transexenales sirviendo por igual a gobiernos de PRI y PAN. Estas dos figuras representan fielmente las dos caras del neoliberalismo autoritario, documentado en mi obra El mito de la transición democrática, que malgobernó el país entre 2000 y 2018 traicionando la enorme esperanza del pueblo mexicano en la posibilidad de materializar un cambio de régimen”.

         Las afirmaciones de Ackerman son mucho más parecidas a las del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, con el cual presumió la secretaria de la Función Pública tener estrecha colaboración, pero que al parecer no le ha comunicado que está en proceso una investigación contra el ministro renunciante.

         Hace unos días, en Mexicali, Baja California, Nieto Castillo, denunció que dos mil millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narcotráfico y corrupción fueron desbloqueados en los pasados cuatro meses y devueltos a los acusados a partir de una decisión jurídica del mencionado Medina Mora.

         Aunque Nieto Castillo dijo que no podía dar detalles para no afectar las investigaciones, de cualquier forma reveló que la denuncia contra Medina Mora es por un tema de triangulación de recursos y por lavado de dinero. También comentó  que el ministro renunciante protegía “a personas o grupos relacionados con el gobierno anterior y sostuvo que una jurisprudencia impulsada por Medina Mora hace cuatro meses ha sido empleada por jueces afines al todavía ministro para liberar recursos de personas que enfrentan acusaciones por delincuencia organizada.

         En efecto, la renuncia de Medina Mora, ya aceptada por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y de la República, López Obrador, deberá ser ratificada por el Senado, lo cual se estima que ocurrirá en la sesión de hoy, martes.

         El coordinador de la bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el asunto será incluido en el orden del día y reveló haber consultado con Medina Mora la posibilidad de que compareciera ante los legisladores, el ministro renunciante decidió no utilizar ese recurso.

         Para efectos prácticos, Medina Mora todavía era ayer ministro, como lo evidencia el hecho de que en medios judiciales se especulaba con la posibilidad de que todavía participara en la sesión plenaria de inicio de semana del máximo tribunal del país, lo cual no sucedió.

         NO a la corrupción de los taxistas. SÍ a la competencia en la CDMX

          Es una de las tres ciudades más pobladas del mundo. Pero es, a su vez, la urbe donde sólo impera la “ley” de los taxistas. Es la Ciudad de México, donde este gremio decide cuándo secuestran a los ciudadanos con bloqueos en las entradas a la ciudad y en las principales vías de circulación, tal como ocurrió este lunes.

          Manipulados por líderes corruptos, los taxistas de la CDMX desquiciaron nuevamente la capital del país, sin importarles la afectación para millones de personas. Y es que los más de 141 mil taxis rosa además de los de sitio, están en contra de la competencia y buscan extorsionar al gobierno capitalino para que no abra las apps de transporte a todas las empresas que quieren competir legalmente en este sector.

          La autoridad no debe permitir otro lunes negro a manos de la corrupción de los taxistas. Los capitalinos y los visitantes de la CDMX tenemos derecho a usar el servicio de transporte público que dé confianza, seguridad y eficiencia. Y esta libertad de elegir es lo que el gobierno local tiene la obligación de defender.

         Los problemas de las instituciones de salud.

         El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá más de 16 mil millones de pesos en contratación de personal médico y de enfermería,  así como en la construcción de infraestructura. La meta es revertir el desequilibrio que en los pasados 30 años se impuso en favor de la salud financiera del organismo, declaró el director de esa institución, Zoé Robledo, al comparecer ante el Senado.

         Añadió que por cuidar las finanzas, se dejó de lado la atención a la salud de los derechohabientes. Por eso las largas filas de espera, tiempos prolongados para las consultas médicas de especialidad y la realización de cirugías.

         Añadió que, en la actualidad, el Instituto tiene una cantidad suficiente de medicamentos para concluir el año, con un abasto superior a 96 por ciento.

         Un diagnóstico muy parecido realizó el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien también ante senadores comentó:

         “Se dejó de invertir, de ampliar los espacios y por eso el día de hoy enfrentamos problemas serios de saturación de hospitales y clínicas, así como una serie de contingencias económicas por pasivos, juicios, adeudos de los estados, obra inconclusa y personal temporal”.

         Ramírez Pineda informó que, de la deuda heredada de 18 mil millones de pesos por el Gobierno anterior, con apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se ha reducido a 12 mil millones de pesos en los primeros 10 meses de esta administración y se adeudan 6 mil millones de pesos en pasivos y con “ello se ha hecho una mejor negociación con los proveedores, para evitar que se detenga la prestación de los servicios, sobre todo médicos”.

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