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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Muchas dudas en torno a la renuncia de Medina Mora

 

– Renunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora Icaza.

         En apariencia se trata de una consecuencia de investigaciones originadas en el extranjero, pero las consecuencias de esta acción se reflejarán sin duda en la vida política nacional.

         Por lo pronto, dicen los enterados, se modifican los equilibrios entre los poderes federales, donde la Suprema Corte de Justicia ha sido prácticamente el único organismo constitucional capaz de limitar el poder del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

         Tal vez los dos asuntos en donde se ha apreciado más la capacidad del máximo tribunal del país de poner límites al primer mandatario son el tema de la austeridad, en donde AMLO promovió reformas legales para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República, y la paralización de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía.

         El mandatario calificó de exagerados y ofensivos los ingresos y las prestaciones de las que gozan los ministros y algunos magistrados del Poder Judicial e inclusive reveló que algunos de ellos  llegaban a ganar mensualmente 600 mil pesos.

         Es cifra fue desmentida por los ministros de la Corte, quienes operaron para hacer algunos ahorros en su presupuesto, pero sin que se conozcan recortes sustanciales en sus percepciones. Lejos de ello, dieron cabida a solicitudes de amparo de funcionarios de otros organismos públicos, principalmente de organismos autónomos, que no están de acuerdo con la rebaja a sus percepciones.

         El nuevo aeropuerto de Santa Lucía es una de las grandes apuestas del gobierno de López Obrador, que con esa obra trata de validar sus afirmaciones acerca de derroches y corrupción en torno al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Por lo mismo, cualquier acción que lo obstaculice, se considera una agresión del más alto nivel.

         En menos de un año en el poder, el presidente López Obrador ya ha podido colocar por lo menos a dos incondicionales, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, como ministros de la Suprema Corte de Justicia.

         Los relevos, se puede decir, fueron en condiciones normales, porque los anteriores ministros cumplieron los periodos para los que fueron elegidos. Con la salida de Medina Mora es una circunstancia conflictiva, pero se puede dar por seguro que el primer mandatario le aceptará la renuncia y propondrá a un allegado para sustituirlo, pues para eso tiene el respaldo de la amplia mayoría de su partido, MORENA, para imponerlo, como sucedió en los dos casos anteriores.

         Adicionalmente, en el Congreso está en espera de ser aprobada una reforma del Poder Judicial y concretamente de la Suprema Corte (SCJN), presentada por el coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, para aumentar el número de ministros. Se dice que es el “caballo de Troya” para que López Obrador pueda tener también el control del Poder Judicial l nombrar a los ministros que se agreguen, con lo cual se romperían los actuales equilibrios.

         Antes de que eso ocurra, con el tercer ministro que podrá nombrar a corto plazo, dicen los especialistas, ya tiene posibilidades de por lo menos crear mayor presión en los asuntos de mayor trascendencia que lleguen a la SCJN, pues para llegar a un fallo válido se requiere una mayoría calificada de ocho de los once ministros que actualmente integran ese máximo tribunal.

         Fuera de cuestiones de equilibrios entre los poderes, la renuncia de Medina Mora tiene, lamentablemente, un posible trasfondo de corrupción que se ventila no sólo dentro del país, sino que tiene repercusión internacional.

         Oficialmente, fueron las autoridades de Gran Bretaña – en donde Medina Mora fue embajador de México – las que iniciaron las pesquisas por transferencias millonarias sospechosas que terminaron en cuentas a nombre del ministro renunciante. A esas denuncias se sumaron otras revelaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos – donde también fue representante diplomático de México, acerca de otros cuantiosos depósitos de nombre de Medina Mora que no corresponden a sus ingresos declarados.

         También es de recodar que Medina Mora fue también secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República y titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cargos que no son precisamente para hacer amistades. En particular se recuerda que estuvo vinculado en los “videoescándalos” por las grabaciones que hizo el empresario argentino Carlos Ahumada cuando entregó dinero en efectivo a colaboradores de López Obrador. Otros involucrados, como Rosario Robles y el abogado Juan Collado, ya están en la cárcel y el mencionado Ahumada apenas libró una demanda de extradición.

         Otras versiones, más favorables para el ex ministro de la Suprema Corte, hablan de que la renuncia de Medina Mora podrían responder a problemas personales. Por ejemplo, se recuerda que a principios del presente año murió su esposa, Laura Pérez Vázquez.

         De cualquier forma, quedan dudas en torno a este caso, pues todavía minutos antes de que se difundiera la noticia de la decisión de Medina de Mora de dejar el cargo se conoció su última sentencia.

         La decisión del ahora ex ministro consistió en ordenar que se suspendieran las sanciones ordenadas por el Congreso de Nuevo León en contra de su gobernador, Jaime  “El Bronco” Rodríguez, por la acusación de desvío de recursos del erario para utilizarlos en su campaña para la Presidencia de la República.

         La renuncia del ministro debe ser aceptada por el presidente de la República y posteriormente por el Senado.

         Al respecto, trascendió que ayer mismo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, visitó al primer mandatario López Obrador, para darle a conocer el caso.

         La revocación de mandato, a petición del “pueblo sabio”.

         Después de muchos ires y venires, se empieza a despejar el camino para aprobar la reforma constitucional para la revocación de mandato, que es una de las promesas presidenciales pendientes de cumplir. Eso sí, esta votación no será de la forma ni en el momento en que lo planeaba el presidente López Obrador.

         La bancada de MORENA en el Senado cedió y aceptó que la fecha para votar por la revocación de mandato presidencial no coincida con las elecciones federales o locales.

         Además, retiró la propuesta de que el Ejecutivo pueda convocar a esa votación y aceptó la exigencia del Bloque Opositor (PAN-PRI-PRD-MC)  de que la revocación de mandato sea solicitada por los ciudadanos.

         Todavía el acuerdo no es total, pues quedó pendiente de examen la demanda del PRI para que la revocación de mandato no incluya a los gobernadores.

         De acuerdo con el proyecto de dictamen, será el Instituto Nacional Electoral (INE) en responsable de organizar la votación para las consultas populares y la revocación de mandato. La revocación ocurriría 90 días después de que se emita la convocatoria.

         La reforma al párrafo VII del artículo 35 constitucional, que se discutirá más tarde, plantea que la revocación de mandato será convocado por el INE «a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, a tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores», pero a condición de que la solicitud la respalden por lo menos 17 entidades federativas.

         El dictamen establece también que queda prohibido en los procesos de revocación que las autoridades federales o estatales compren espacios de publicidad para incidir en los procesos, y,  en el caso de la revocación federal y estatales, queda prohibida la difusión de publicidad gubernamental salvo la que tenga que ver con temas de salud, educativos y de protección civil.

         La revocación se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional. En el artículo 84 se precisan las situaciones en que se elegirá presidente interino o sustituto y se establece que el nuevo mandatario sólo asumirá funciones hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haga la declaratoria de validez y rendirá protesta ante el Congreso.

         El líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, comentó que es positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado que el Ejecutivo no intervendrá.

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