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Columnistas

Por Carlos Ramírez – Seguridad y Defensa: No es la fuerza, sino la estrategia

Muy poco tardaron las autoridades en entender que la seguridad pública no es un asunto de fuerza o de leyes, sino de una estrategia social y política del Estado. El 27 de mayo de este año, al calor del funcionamiento acotado de la Guardia Nacional, se promulgó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en materia de seguridad. Pero en los hechos no se ha aplicado y personas vinculadas a la delincuencia organizada han agredido a las fuerzas de seguridad.

El problema de la delincuencia no se encuentra en las calles ni con los grupos sociales vinculados al crimen organizado que se burlan de la autoridad. Aplicar la ley de uso de la fuerza a habitantes enfurecidos sería, en efecto, contraproducente, no resolvería el problema y obligaría a la fuerza en grado de represión.

Por lo tanto, las autoridades de seguridad debieran de modificar su estrategia: no recuperar las calles y las vialidades a golpe de toletazos u órdenes de aprehensión, sino dirigir la fuerza legal del Estado contra las organizaciones de seguridad que mueven los hilos de personas para agredir a las policías, realizar labores de inteligencia para identificarlos y fincarles órdenes de aprehensión.

El otro camino ya lo tienen claro a nivel federal, pero no ha habido la suficiente energía para aplicarlo a rango municipal: limpiar las policías estatales y municipales y profesionalizarlas parta que realicen labores de identificación de grupos delictivos.

Hasta ahora, fuerzas de seguridad patrullan zonas calientes de inseguridad, pero no están preparadas para saber qué grupos operan y cómo organizan sus escudos humanos y menos aún han tenido entrenamiento para aplicar los mecanismos disuasorios de las leyes y reglamentos para uso de la fuerza. Además de la fuerza de sus uniformes y armas, las fuerzas de seguridad debieran tener el instrumento policiaco más importante: las órdenes de aprehensión. No debieran patrullar zonas sin órdenes de aprehensión a ejercer.

Las fuerzas de seguridad caminan por el filo de la navaja de una sociedad hipersensible al uso de la fuerza. Indigna, ciertamente, ver a abusivos ciudadanos burlándose de los guardias y empujándolos sin motivo, pero el problema es de la propia autoridad que que llega a zonas dominadas por los delincuentes sin tener instrumentos legales para desarticular a las bandas delictivas.

Lo que se requiere es un aparato de seguridad, no sólo brigadas de la Guardia Nacional enfrentando la ira de ciudadanos aliados al crimen organizado. Un buen paquete de órdenes de aprehensión ayudaría por adelantado a distensionar el ambiente de seguridad.

Ley de la Omertá.

En las investigaciones para los diferentes temas de su libro Política y delito, el ensayista alemán H. S. Enzensberger llegó a los detalles minuciosos. Entre otros temas, el caso de Al Capone lo llevó a una indagatoria social, política y gubernamental, no sólo policiaca. ¿Qué permitió la existencia de Capone? La respuesta es la que toda indagatoria de seguridad debe tener como un punto central: no hay delincuencia sin dos complicidades, la de las autoridades que se benefician vía corrupción y la de la ciudad que obtiene ingresos derivados de las actividades criminales.

“Dos tercios del total de agentes policiales (en Chipaco de los años veinte) participaban en el negocia del alcohol”, señala Enzensberger. Y por corrupción, las bandas del contrabando de alcohol pagaban 30 mil dólares semanales a los policías para que los dejaran traficar.

Otra conclusión de Enzensberger debería ser revisada a la luz de la crisis actual de seguridad: “Capone debe su éxito no a un ataque contra el orden social del país, sino a una incondicional adhesión a sus premisas”. Ello lleva a la argumentación de que el crimen organizado, antes y ahora, se debe a una articulación al orden social de la corrupción y la delincuencia de la que viven los mafiosos, las autoridades y loa sociedad. Se trataría, puede aventurarse esta hipótesis, de la existenci de un social criminalk que domina o esta por encima de una sociedad institucional. Porqué a ese orden se agregaban en datos del investigador, un 80% de jueces que estaban al servicio de los mafiosos.

El modelo analítico de Capone se puede aplicar, por ejemplo, a Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel del Pacífico: no se trata de jefes o líderes, sino de estructuras. Capone fue arrestado por evasión de impuestos, encarcelado y liberado por enfermedad destructiva y su modelo delictivo quedó vigente. El Chapo, a su vez, está condenado a prisión perpetua, pero la estructura de los cárteles el propio y otros no fue raspado por la fuerza de la autoridad. En los EE. UU. siguen llegando cargamentos de droga procedentes del cártel del Pacífico, a pesar de su jefe encerrado.

El análisis de Capone llevó a Enzensberger a asumirlo como un paradigma o la definición de un modelo criminal. “Los años veinte de Chicago”, señala el ensayista, proporcionaron un modelo a las sociedades terroristas del presente siglo”.

Carpetas

·      Al estilo mafia. El gobierno de CDMX no acierta a detener inseguridad. Ahora están dándose ajusticiamientos tipo sicarios con asesinos que ingresen a restaurantes en zonas de clase media a liquidar adversarios a balazos.

·      Crecen dptos. de que migrantes de origen centroamericanos están organizados en bandas delictivas. Y como entraron sin pasar por los filtros de registro migratorio, el gobierno mexicano no sabe quiénes son.

·      Luego de la masacre en la cantina “El Caballo Loco” de Coatzacoalcos, ninguna autoridad ha abierto indagatorias para identificar propietarios y vigilar funcionamientos. Ahora hubo una balacera el 15 de septiembre en una cantina en Tabasco. La investigación debe extenderse a funcionarios de licencias y a policías municipales.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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