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Los Bazucazos de Ubaldo Díaz: la Guardia Nacional será civil, remarca Monreal Avila

Con la legislación reglamentaria de la Guardia Nacional no hay riesgo alguno de militarización de la función pública sobre la seguridad pública, en cuya Ley Orgánica se establecerá y reforzará su carácter civil, y los elementos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Gendarmería que formen parte de ella, estarán sometidos a la ley civil y al fuero policial, no al fuero militar ni a la aplicación del Código de Justicia Militar, afirmó el senador Ricardo Monreal.

La ley y la Constitución, dijo, pueden dar paso a un organismo, a un órgano policial de élite, que pueda frenar este flagelo tan grave que nos está tocando vivir, el de la inseguridad y la violencia que tiene ya décadas de estar presente en nuestro país y que no disminuye la presencia del crimen organizado, de la delincuencia común, del aumento en la inseguridad.

Hace ver que en mes y medio ha sido arduo el trabajo de análisis de las cuatro leyes que conforman la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que son: La Ley del Registro Nacional de Detenciones, la Ley del Uso de la Fuerza, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y su Ley Orgánica.

En las primeras tres, aseguró, existe un gran consenso de parte de los coordinadores parlamentarios y sus representantes en el grupo de trabajo legislativo y, en el caso de la Ley Orgánica, sólo está pendiente la redacción sobre el caso de las licencias de militares, marinos y de la Gendarmería que se integrarán a sus filas, y que espera su aprobación por consenso en las próximas horas.

Es importante que se ubique al nuevo cuerpo policial como una fuerza de élite, respetuosa de los derechos humanos, con formación académica, práctica en el uso de la fuerza con procedimientos policiales; con conocimientos en derecho penal, derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género; los primeros auxilios, entre otros, para el desempeño de sus elementos.

Monreal Ávila reconoce la actuación de todos los grupos parlamentarios: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y PVEM, porque todos han participado y a visto en ellos una actitud positiva, congruente, constructiva, incluso académicamente impecable y hemos redactado o modificado el documento original en más de un 70 por ciento del contenido normativo que fue enviado como documento de trabajo base por el Ejecutivo Federal.

“Ojalá que logremos la unanimidad o la mayoría amplia. No lanzo las campanas al vuelo, porque ellos (la oposición) advirtieron, que aun cuando tengamos el 96 o el 98 por ciento de los acuerdos y consensos, si no hay acuerdo en un tema clave, que es el de las licencias, con una redacción distinta, ellos no nos acompañarían, a pesar de que tengamos el 98 por ciento de consenso”, sostuvo Monreal Ávila.

Monreal muestra su confianza de este lunes, logrará el consenso sobre la redacción final en el punto de diferencia sobre las licencias que existía en la Ley Orgánica del organismo policial, y presentar las leyes de la Guardia Nacional ante el Pleno del senado en la próxima sesión extraordinaria.

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que los bienes confiscados por el Gobierno Federal, y que se pretende subastar para devolver el dinero a los ciudadanos, se etiquetarán con el nombre del líder del cártel o político corrupto al que pertenecían.  AMLO señaló “Le vamos a entregar lo que se recaude de los carros de lujo, como unas camionetas que mandó el rey de Jordania a la Presidencia… La segunda venta van a hacer residencias y van a ser para El Camino, Cuatro poblados, Arroyo El Triunfo y Balancán, en Tabasco… se le va a poner en una placa: esto se le confiscó al líder del cártel tal, político corrupto fulano de tal”.

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El que anunció que dará a conocer los siguientes pasos que su defensa seguirá es el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus cuentas por encontrar presuntos vínculos entre el origen de sus recursos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Políticos o funcionarios públicos no pueden bloquear a nadie de sus redes sociales, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, al ser funcionarios públicos, realizar bloqueos viola el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. El ángulo cambia cuando es Twitter o Facebook quienes deciden bloquear a ciertos usuarios, sin importar si se trata de diputados, ‘citymanagers’ o el mismo presidente de Estados Unidos.

 

El caso más reciente es el del diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, quien este domingo denunció que Twitter supuestamente habría bloqueado su cuenta, tras difundir una serie de números telefónicos de donde provenían mensajes y llamadas en su contra, incluso denunció que, a través de WhatsApp, recibió amenazas de muerte.

 

Los usuarios denunciaron a Noroña través de la plataforma por exponer datos personales de usuarios, lo cual, argumentaron, viola las normas de Twitter, por lo que podría haber sido bloqueado. Ante ello, Fernández Noroña amenazó con acudir a las oficinas de Twitter y lo cumplió. Este lunes el diputado petista se presentó en las instalaciones, y, pese al amago de ser detenido por la policía al encontrarse en instalaciones privadas, expuso una pancarta con la leyenda “No a la censura”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

hombresdelpoder.com

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