Connect with us

Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Osorio atajó las acusaciones de MORENA

Published

on

En respuesta a lo que calificó de acusaciones sin sustento por el lamentable caso de la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el senador del PRI y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong rompió el riguroso orden del día en el Senado.

Los grupos parlamentarios habían acordado que al hacer el análisis de la política interior hablara un representante por cada uno de los partidos, sin que pudiera haber réplica de las otras fracciones. Sin embargo, Osorio logró que se le diera un turno adicional, por “alusiones personales”. Salgado intentó replicar, pero no se le permitió.

Contra la casi tradición de los funcionarios y legisladores del tricolor de guardar silencio ante las críticas de los otros partidos, Osorio no dejó pasar las alusiones del ex perredista y ahora senador por MORENA Félix Salgado Macedonio, quien intentó achacar la desaparición de los normalistas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, durante el cual el ahora senador fue el responsable de la seguridad interior.

La intervención del senador de MORENA Salgado Macedonio significó de alguna manera la gota que derramó el vaso, pues durante el análisis del sexto informe del presidente Peña Nieto en materia de política interior, los representantes de todos los otros partidos reprocharon diversas fallas al gobierno saliente, por lo cual la inseguridad va en incremento en prácticamente todo el territorio nacional.

Osorio Chong reconoció posibles errores u omisiones de la actual administración federal, pero dijo que se ninguna manera se le puede responsabilizar de lo ocurrido en Iguala a los 43 normalistas.

Señaló que, por el contrario, las autoridades federales intervinieron en el caso por la incapacidad o posible complicidad de las autoridades locales, que militaban en otro partido (el PRD, en el cual militaba entonces Salgado Macedonio, radicado en la ciudad de Iguala desde que realizó sus estudios profesionales).

El legislador priista comentó que posiblemente hubo errores u omisiones en la investigación realizada por el gobierno federal, principalmente por intermedio de la Procuraduría General de la República, pero en la cual intervinieron cientos de trabajadores de otras dependencias, pero rechazó cualquier imputación contra las fuerzas armadas y, en general, contra cualquier otra dependencia federal.

Recordó que los organismos internacionales llamados a revisar las averiguaciones en torno a la desaparición de los normalistas han realizados recomendaciones para corregir o modificar algunos procedimientos, pero nunca han establecido una línea de investigación que involucre o, mucho menos, atribuya alguna responsabilidad al gobierno federal.

La Cosecha

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, insistió en su intención ubicar en la base aérea de San Lucía el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México

El funcionario, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su posición al rechazar el estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) sobre el costo de la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía. “Está mal”, resumió Jiménez Espriú.

“El mismo Colegio dice que no hay suficiente información para evaluar bien (ambos proyectos) porque no hay elementos suficientes, porque está en una forma conceptual y después presentan hasta centavos; entonces está medio mal”, comentó el futuro titular de la SCT tras reunirse con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Lo que sí desató una fuerte polémica en el Senado fue la propuesta presentada por la senadora de MORENA Blanca Estela Piña Gudiño de un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a suspender las evaluaciones a los profesores programada del 3 al 25 de noviembre, así como los exámenes para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros.

La propuesta de MORENA tuvo un doble propósito: uno dejar en claro que el gobierno federal surgido de ese partido, así como sus legisladores no han olvidado su promesa de campaña de dar marcha atrás a la reforma educativa impulsada por el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y, además, medir su fuerza real en el Congreso para imponer los cambios que ellos consideran necesarios.

De ser así, los senadores de MORENA pudieron comprobar que a pesar de lo reducido de los grupos parlamentarios de oposición será muy difícil que puedan imponer sus puntos de vista. Por ejemplo, hay una resistencia generalizada a la posibilidad de que los cargos de profesor puedan ser heredados o vendidos al mejor postor.

En cuanto a la votación, se confirmó que difícilmente MORENA supera la mayoría simple, pues al término del debate su propuesta de pedir que se suspendan las evaluaciones fue aprobado por 58 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones, o sea que se quedaron debajo de la cifra de 64 senadores necesaria para asegurar la mayoría simple y todavía lejos de la mayoría calificada, necesaria para poder realizar reformas constitucionales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, informó que se prepara la consulta nacional para definir los alcances de la futura reforma educativa, con la participación de expertos y padres de familia, en foros que se realizan en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Durango y Nayarit.

La propuesta, dijo, incluye cambios de fondo y “quizá vayamos a la reforma del artículo tercero Constitucional, esa es la propuesta”.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ahora coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de narcomenudeo en escuelas.

El legislador perredista que cuando era gobernante capitalino negó que hubiera cárteles del narcotráfico instalados en la Ciudad de México, indicó que el propósito de los cambios es sancionar con mayor severidad aquéllos casos que coloquen en riesgo a la población estudiantil, y se aumenten las penas para el transporte, tráfico, comercio y suministro de narcóticos. La pena actual para estos delitos puede ir de cuatro a ocho años de prisión, y la propuesta es aumentarla de seis a 10 años de prisión.

 

++0++

 

 

 

 

 

Advertisement

Copyright © 2017 Endirecto