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Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Panistas piden garantías de que no habrá fraude

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A medida que se acerca la fecha de elegir presidente nacional del PAN crecen las protestas y las exigencias de un proceso limpio, con respeto a las reglas democráticas de las que tanto presume ese partido.

En el fondo se mantiene la sospecha generalizada de que el equipo del ex presidente y ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, tiene el control del padrón de electores del partido y, por lo mismo, manipular el proceso interno de manera que resulten elegidos los candidatos que le son incondicionales.

Esta vez el que exigió garantías fue el diputado Ernesto Ruffo Appel, quien además se manifestó como promotor de nuevos sistemas de registro y control, para evitar fraudes.

Ahora un poco relegado, pero en su momento una de las grandes figuras de Acción Nacional, pues fue el primer militante de ese partido en conquistar un gobierno estatal mediante el voto, pues antes Carlos Medina Plascencia gobernó Guanajuato, pero como producto de las “concertacesiones” con las que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari traró de legitimizar su mandato, luego de que el propio PAN y el desaparecido Frente Democrático Nacional lo acusaron de ser producto de una votación amañada.

Ruffo Appel retó a las autoridades responsables de la renovación de la dirigencia del PAN, encabezadas por la ex dirigente nacional interina Cecilia Romero Castillo a debatir públicamente los aspectos técnicos del uso de la huella digital en los comicios internos y a discutir la viabilidad de poner en práctica esta forma de identificar a los militantes sin duda alguna. En caso de no aceptar, pidió explicar en una reunión abierta al público y con presencia de los medios de comunicación, las razones en las que basan su negativa para aplicar esta tecnología.

A través de un escrito dirigido a la comisión organizadora de la elección, el ex gobernador y también ex senador, demandó transparentar el proceso y garantizar su certeza y legalidad.

Ruffo Appel recordó que este instituto político invirtió cerca de 12 millones de pesos para actualizar su padrón, el cual fue renovado con la huella dactilar de sus militantes, con el aval y certificación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, en respaldo a otras descalificaciones al padrón expresadas por otras figuras de Acción Nacional, el diputado federal adelantó que pedirá que el listado sea sometido a auditorías externas para verificar su confiabilidad y dar certeza al proceso.

“Los panistas tienen derecho a conocer todos los argumentos y comparar los aspectos técnicos, porque hay preocupación de que en la renovación de la dirigencia nacional se use la coacción como método para imponer al próximo presidente del CEN”, afirmó Ruffo Appel quien sostuvo que su partido tiene equipo y personal capacitado para garantizar una elección libre y transparente, además de que votar a través de dispositivos electrónicos con la huella dactilar será innovador en México, apuntó.

Además, el político bajacaliforniano, que tiene el respaldo de los ex legisladores panistas Ricardo García Cervantes y Juan José Rodríguez Prats, reiteró que registrará su precandidatura una vez que se emita la convocatoria, lo que fue anunciado para este lunes.

La Cosecha

Otra vez, el caso de las “juanitas”, las mujeres que son registradas candidatas a un puesto de elección popular, con la condición de que al triunfar, renuncien para dejar su sitio a sus suplentes, que son siempre del otro género.

Esta situación anómala, que es usada como recurso para burlar las leyes electorales que establecen la obligación de que los partidos registren igual cantidad de candidatos hombres y mujeres, fue puesta en evidencia por el PRI. Su dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, declaró que condena cualquier acto de simulación, de vulneración o de burla a la ley que obstaculice el ejercicio a plenitud de los derechos políticos de las mujeres ganadoras en la elección del 1 de julio.

En concreto, se refirió a la renuncia masiva de candidatas ganadoras a puestos de elección popular en diversos municipios y el Congreso de Chiapas, estado donde el dominante PVEM ha incurrido en diversas irregularidades, en particular en materia de equidad de género, al grado que las autoridades electorales ya les negaron el registro de candidatos precisamente por no cumplir con la igualdad.

Ruiz Massieu se comprometió a vigilar que no exista impedimento alguno para el ejercicio del cargo al que han sido electas las mujeres de cualquier partido, porque “primero somos mexicanas y después militantes”.

Durante una gira de trabajo en Hermosillo, Sonora, la dirigente del PRI advirtió que se trata de acciones que violan el espíritu de las reformas electorales que aprobó el Congreso de la Unión hace cuatro años y que obligan a los partidos políticos a aplicar la paridad de género en la designación de candidatos y candidatas.

A su vez, la titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, exigió frenar la violencia política contra las mujeres en razón de género que ha ensombrecido la vida política de Chiapas. Añadió que se suma a la condena que realizaron las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, ante dichas prácticas de violencia política contra las mujeres en Chiapas.

Los gobernadores en funciones y electos de los estados del sur del país, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, respaldaron el proyecto de construcción del Tren Maya, que en su inicio se estima generará 20 mil empleos, permitirá contener la migración e impactará en el desarrollo económico y social de esa región.

Luego de una reunión con los mandatarios, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que se trata de un proyecto del gobierno de la República en beneficio de una de las regiones más importantes del país y el mundo por su riqueza cultural, artística y arqueológica.

Acompañado por los gobernadores, López Obrador destacó que ese proyecto hará uso de tres derechos de vía, la férrea que es de la nación, de carreteras que administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de líneas eléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aclaró que es un proyecto con inversión mixta, nacional, privada y extranjera, con prioridad a la inversión privada nacional, y por el uso de derecho de vías, no se prevén grandes afectaciones ecológicas, o en propiedad privada a lo largo de mil 500 kilómetros.

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