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Adriana Moreno

SFP, a favor de acabar con impunidad; “maestros” de CNTE, ¿blancas palomas?; Romo denuncia compra de voto por parte de Martínez Fisher

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Con relación a un estudio difundido en días pasados, que realizó una organización de la sociedad civil, que reporta un bajo porcentaje de sanciones en la Secretaría de la Función Pública y que la mayor parte son sanciones leves, se preguntó a la dependencia federal al respecto.

De entrada, se pudo corroborar que la Secretaría de la Función Pública, encabezada por la maestra Arely Gómez, está totalmente a favor de este tipo de estudios, ya que contribuyen a eliminar los espacios de impunidad en el ejercicio público; además el referido análisis retoma los datos e insumos que elabora la propia Secretaría.

También Hay que precisar que no necesariamente todas quejas y denuncias concluyen en sanción, porque primero pasan por un procedimiento de investigación, que obligatoriamente debe observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. En este marco, puede presentarse el caso de que al concluir un procedimiento se determine inexistencia de responsabilidad, lo que no implica que se deje de sancionar injustificadamente.

Otro elemento a tomar en cuenta, son los medios de impugnación con los que cuenta el servidor público sancionado. Con ello, la sanción de la SFP, queda sujeta a la decisión de la autoridad jurisdiccional. Además, esperar que por cada denuncia, la Función Pública debe emitir una sanción es asumir que todos los denunciados son responsables, y eso es contrario al principio de presunción de inocencia.

En cuanto a la supuesta suavidad con la que se supone que actúa la Función Pública para emitir la mayoría de las sanciones, como señala el estudio, nos indican: la mayoría de esas sanciones “leves” tienen que ver con la omisión o la presentación extemporánea de la declaración patrimonial. En ese sentido, para este tipo de actos el marco legal establece sanciones de amonestación o apercibimiento. Finalmente, aseguran que las sanciones que se aplican son las que establece la ley.

Por otra parte y en un tema insoslayable, remitiéndonos a las campañas, a una semana del debate entre los candidatos presidenciales, ahora resulta que el abanderado de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, es “inocente” y que sus seguidores, los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, -a quienes “compró” a la voz de que echará abajo la Reforma Educativa-, son las más blancas de las palomas.

Sin duda, en el tema de Oaxaca, es delicado y el fin de semana, hubo agresión abierta por parte de estos “profesores” al equipo del candidato de la coalición “Todos por México”, lo que viene a comprobar que si López Obrador estuviera tan seguro de su triunfo, no hubiera instrumentado su gente, dicha agresión.

Desde luego, AMLO lo niega y dice que está dispuesto a seguir “a pie juntillas” las recomendaciones que a diario le hacen sus asesores: “que yo no me enoje, que no conteste, que no caiga yo en ninguna provocación, porque si no, me ponen ‘tache’”. ¿Será?

MUNICIONES

*** Duro y cuestionador se lanzó el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Avila, que exigió que el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, rinda cuentas a la sociedad por inmiscuirse en la contienda electoral y por la inoperancia mostrada en investigaciones sobre casos emblemáticos de corrupción en el presente sexenio. Anunció Herrera que los senadores de su partido, insistirán en los próximos días en que Elías Beltrán acuda al Congreso de la Unión, para que informe qué ha hecho desde octubre pasado, cuando asumió las funciones de encargado de la Procuraduría, por atender las tareas y atribuciones que le fueron encomendadas. Indicó que bajo la responsabilidad de este funcionario, quedó a cargo el informe de las conclusiones de las indagatorias que recibió sobre los presuntos sobornos entregados por la empresa Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre ellos, el ex director de la empresa, Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, a seis meses de su encargo, -subrayó el coordinador panista-, Elías Beltrán no sólo ha ocultado los resultados de la investigación de Odebrecht, sino que en octubre ordenó la remoción de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien, según él, habría transgredido el Código de Conducta de la PGR de ese caso. Finalmente, recordó que en días recientes, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que funcionarios de la PGR, afectaron la equidad de la contienda electoral, al exhibir al candidato presidencial Ricardo Anaya en un video y comunicados, donde acudió a presentar un escrito. Pues a ver qué le responde la PGR.

 

*** El candidato de Morena a la delegación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, anunció que ante el aumento insostenible de la delincuencia en Tacuba y Popotla, solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, el despliegue de acciones inmediatas, preventivas y correctivas para proteger la integridad física y los bienes de los habitantes y visitantes de esa zona. Por cierto y en esta misma jurisdicción, encabezados por el propio Romo, denunciaron que operadores de Margarita Martínez Fisher, quien es abanderada por Miguel Hidalgo, incumplieron su promesa de otorgarles 3 mil 450 pesos, a cambio de sus credenciales de elector y de asistir a actos de campaña del PAN. Los operadores de la referida diputada albiazul, son Jesús Suárez y Alaín Granados, quienes hasta ofrecieron llenar un formato de incorporación con el logotipo de la ALDF a la voz de que, con recursos para la reconstrucción de la CDMX, les otorgarían a mil vecinos los 3 mil 450 pesos.

morcora@gmail.com

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