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Legislativo

Incluir el deporte como forma de brindar asistencia social

Para que la práctica del deporte se incluya como una forma de brindar asistencia social, y con ello, proporcionar alternativas de solución a las adicciones, padecimientos crónicos degenerativos y de delincuencia, la Comisión Especial de Participación Ciudadana impulsa reformas a las leyes de Asistencia Social y General de Salud.

En el documento, los legisladores subrayan que en los últimos años, México se ha enfrentado a la obesidad y sobrepeso que afecta de manera alarmante a la población, máxime al convertirse en el detonante para otros problemas de salud pública e incrementar los índices de mortalidad, sin importar la edad o el estrato social al que pertenezcan las personas.

Actualmente existe preocupación en el gobierno ante el alza en los índices de tales padecimientos, debido a que el país está entre los primeros lugares a nivel mundial en obesidad y sobrepeso infantil y de personas adultas, solo superado por Estados Unidos.

Consideran que se debe entender a la obesidad como una paulatina pérdida de salud, por ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares, deficiencia renal, así como algunos tipos de cáncer (mama, esófago, próstata o colón).

Dichas enfermedades, afirman, merman la salud de las y los mexicanos y elevan el índice de mortalidad. El deporte es el mejor método para prevenir y combatir este tipo de padecimientos, fortalecido con una dieta balanceada.

El deporte, añaden, también puede convertirse en un imán para evitar que las personas caigan en algún tipo de adicción; actualmente en el país permea un problema de adhesión a las drogas, tabaco o alcohol, agudizado en los últimos años al surgir a edades más cortas, amenazando el sano desarrollo físico y mental de la población

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, reveló que entre ese año y 2017, el consumo de drogas inició entre los 12 y 17 años, aumentando en un 125 por ciento en relación con los datos de 2011.

En México, 8.4 millones de personas de 12 a 65 años de edad han consumido al menos una vez drogas ilegales, “lo que no quiere decir que sean adictos, pero sí es un indicador sobre el consumo experimental, que puede quedar ahí o convertirse en adicción”.

 

Formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana

Además, la Comisión Especial plantea reformas a la fracción IX del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer que la Secretaría de Educación Pública creará programas de formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.

Lo anterior, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la participación de organizaciones de la sociedad civil, quienes diseñarán, actualizarán e implementarán, de forma semestral y gratuita, programas de formación y certificación de intérpretes, por medio de convocatorias públicas abiertas y transparentes.

Además, impulsarán en las entidades federativas el incremento y certificación en el mismo tema considerando las variantes lingüísticas de cada entidad federativa. Dicha certificación tendrá que ser renovada cada tres años.

Refieren que actualmente no existen programas de formación y certificación de manera gratuita de intérpretes, y los que existen están polarizados y sin estructura, “porque no hay instituciones oficiales que formen desde la educación básica y profesional a los intérpretes”.

Los cursos que se ofrecen son básicos, se realizan de manera aislada y sin revisión oficial; por lo tanto, pueden ser impartidos por asociaciones civiles, dependencias públicas y particulares que conozcan la lengua de señas mexicanas.

Tal situación, afirman los diputados, ha generado un estado de indefensión de la comunidad sorda al no poder ser incluidos de manera integral en la sociedad, sobre todo en el ejercicio de su capacidad jurídica y de su acceso a la justicia en procedimientos administrativos y judiciales.

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