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Política

Falso que la defensa de Derechos Humanos origine inseguridad e impunidad: Ombudsman Nacional

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Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que la defensa y protección de estos derechos sea el origen de la inseguridad y de la impunidad en México.

Afirmar tal cosa, indicó, “es una falsedad”.

Indicó que por el contrario en México se tiene un exceso de cuerpos policiales que carecen de capacidades y recursos suficientes.

Su desempeño, además, adolece en muchos de los casos, de la falta de un marco jurídico y normativo para coordinar y hacer eficiente su actuación.

De ahí que cualquier política pública de seguridad y justicia, no solo deberá sustentarse con recursos financieros suficientes, sino en un modelo policial que opere a partir de la dignificación y revaloración de los policías, afirmó.

Utilizar a las fuerzas armadas de manera reactiva y provisional en labores de seguridad pública, dijo, propiciaron que la discusión integral, objetiva, plural e informada sobre el modelo policial sea un pendiente en el Poder Legislativo.

Ello impide que los recursos públicos destinados para las policías tengan el efecto buscado, que las instituciones se fortalezcan y que la sociedad finalmente tenga la seguridad que requiere junto a la calidad de vida que merece.

El Ombudsman habló al participar en el Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, organizado por Causa en Común en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Ahí pidió al Congreso que, antes abordar la reforma de policías civiles, se apruebe de una vez por todas la Ley de Seguridad Interior.

Ello permitiría que la participación militar en la seguridad de los ciudadanos se convirtiera en permanente y ordinaria, aunque implique, en la práctica, dejar de lado postulados como el artículo 21 Constitucional, agregó.

Invitado por María Elena Morera, dirigente de Causa en Común, González Pérez afirmó que, dadas las condiciones de inseguridad que vive México, la reforma policial debe asumirse como prioridad para el Estado.

Postergar su discusión y definición, indicó, tiene como precio que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio, que no se abata la violencia y continúe el deterioro de la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad.

Recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones significa recobrar la credibilidad y confianza de la sociedad en las policías como vínculo inmediato entre autoridades y personas y eslabón indispensable para el cumplimiento y aplicación de la ley.

Ello exige que la institucionalidad en las policías se establezca y consolide con independencia de intereses particulares o coyunturas políticas.

“Las policías –dijo— no pueden ser instrumentos de un gobierno, sino órganos de un Estado que protege y promueve la democracia, el cumplimiento y aplicación de la ley, así como el respeto y vigencia de los derechos humanos”.

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