Diputados se reúnen con cúpulas empresariales para analizar PEF 2018

12 octubre, 2017
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), se reunió con integrantes del sector empresarial, quienes recomendaron ajustes en la Ley de Ingresos para 2018, a fin de reactivar la economía e impulsar diversos sectores.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), afirmó que la Reforma Fiscal de principios de sexenio resultó efectiva en recaudación, pero no logró dar un giro a la pendiente económica del país.

“Ahora se requiere analizar y encontrar una forma distinta de política fiscal, porque la actual no ha dado resultados”, subrayó.

Comentó que si se concreta la Reforma Fiscal impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será necesario para México revisar el IVA e ISR y llevarlos a niveles competitivos.

Sobre la renegociación Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo que sería irresponsable mover lo que ya se tiene, es decir, se deben respetar los acuerdos internos de no incrementar impuestos de ningún tipo y, sin duda, plantear para el futuro un sistema promotor de inversión productiva que genere ahorro y empleo, con simplificación fiscal y seguridad jurídica, para abatir márgenes de informalidad.

Consideró que si se quiere reactivar la economía el próximo año, “cosa que se ve complicada”, se debe impulsar al sector de la construcción, que necesariamente tendrá actividad por la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes sismos. Además, se debe promover la deducción sin límite en gastos médicos y colegiaturas, y en autos que no tengan un tope de precio de 175 mil pesos.

Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, externó su preocupación por que los estímulos fiscales, a causa del temblor del 19 de septiembre, sólo fueron dirigidos a algunas regiones diferentes a la Ciudad de México, Cuernavaca y de Puebla, “como si no hubiera empresas afectadas en esos lugares. Las cúpulas empresariales están preocupadas, porque es obvio que muchas industrias fueron dañadas”.

Planteó facilitar los donativos con menores requisitos, pues en la actualidad hay un límite del 7 por ciento; excluir del monto máximo de deducciones personales de personas físicas a aquellas erogaciones relacionadas con gastos médicos en general y con la contratación de seguros; permitir a las personas físicas la deducción inmediata, o hasta en cuatro ejercicios, así como las inversiones de aquellos gastos relacionados con la reparación de su casa-habitación.

Permitir, como deducción personal, la de seguros que amparen los riesgos que pueden ocurrir en la casa-habitación; delimitar la deducción respecto a los gastos funerarios; que empresarios puedan deducir de forma inmediata el 100 por ciento de activos fijos nuevos, así como diferimiento de pagos provisionales de septiembre a diciembre, y demás estímulos.

Mendoza García propuso facilitar los donativos a empleados afectados y que no se consideren como ingresos acumulables; dar facilidad para constituir y operar donatarias autorizadas con menores requisitos de manera más rápida por parte del SAT; que contribuyentes o personas morales puedan deducir el valor de los productos y servicios que destinen al apoyo o reconstrucción de zonas afectadas, así como permitir que los donativos entre familiares califiquen como exentos.

Humberto Portilla Luja, de Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), agradeció que no haya más impuestos, pues eso dio certeza jurídica a todos los contribuyentes; sin embargo, externó su preocupación por la alta tasa de recargos que se manejan en la Ley de Ingresos para 2018. “Será una afectación directa al contribuyente”, señaló.

Sugirió que esta tasa sea menor y que aumente gradualmente en los siguientes años, iniciando con un máximo de 30 por ciento. Expresó que deben actualizarse las tarifas del ISR, en cuanto a la retención que se les hace a los trabajadores, ya que éstas no han tenido un reajuste desde el año 2009. “Esto ha erosionado el salario neto de los empleados y sería justa para el nivel de ingreso”, comentó.

En cuanto al tema minero, resaltó que desde hace años la Ley del ISR se limitó a la deducción de erogaciones realizadas en periodos preoperativos, antes era del 100 por ciento y hoy es del 10 por ciento anual, “lo que ha dejado al país rezagado, en cuanto a la competencia de otros países, ya que la inversión ha ido a la baja. Es un sector que necesita deducir lo que está invirtiendo, pues generaría beneficios al país”.

Hizo votos para que el estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieren diésel o biodiesel para el transporte de pasajeros o de carga, sea también para las empresas que cuentan con sus propios vehículos que ocupan para el traslado de sus mercancías.

Pedro Higuera Velázquez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que se tienen que buscar medidas que faciliten la inversión y den certidumbre jurídica a los contribuyentes, pues 58 por ciento de los mexicanos se mantiene en la informalidad.

Habló sobre el impuesto a los dividendos que, dijo, no fomenta la inversión. “Una persona física en general tiene un gravamen del 35 por ciento por cualquier ingreso, pero a los inversionistas o empresarios se les carga 20 por ciento adicional. Eso no ayuda a la inversión, ni tampoco a reducir la informalidad”.

Estimó indispensable una simplificación fiscal, pero no basta con sólo reducir trámites o eliminar requisitos, sino generar un proceso de mejora continua e implementar un comité de mejores prácticas fiscales.

Luis Ignacio López Casas, del Consejo Nacional Agropecuario, refirió que las empresas integradoras fueron creadas para impulsar al campo y modernizar formas tradicionales de producción, para que alcanzaran mejores formas de negociación; sin embargo, su marco fiscal se modificó en 2013 y se cambió el esquema de régimen simplificado.

Por tanto, resaltó, es importante devolver a esas empresas la seguridad y certidumbre fiscal, regresándolas al anterior esquema, que en ninguna parte del proceso afecta la recaudación.

El diputado panista, Armando Alejandro Rivera Castillejos, consideró viable modificar impuestos de cuota fija, así como ampliar deducciones básicas para reactivar la economía el próximo año, pues “los ingresos del gobierno sí han crecido a partir de la Reforma Fiscal, pero a costa de frenar el crecimiento nacional”.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) manifestó su inquietud por el sobreejercicio acumulado en este sexenio de 27 mil millones de pesos en el concepto de gasto a comunicación social del gobierno federal, cuando la estimación inicial del costo de la reconstrucción por los reciente sismos ronda los 33 mil millones de pesos; por ello, se debe lograr que esta Cámara reduzca a cada dependencia el sobreejercicio en este rubro al que haya tenido el año anterior, de manera que se ajuste a las normas de disciplina financiera.

De Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales subrayó que se carece de un mecanismo de evaluación de la rendición de cuentas y de la calidad del gasto. Además, para este año, la deuda pública será el doble de la inversión, “pues somos un país que se endeuda para invertir en el gasto corriente; empresas y gobierno invierten poco en México”.

Recalcó que la transparencia en la Ley de Ingresos, por sus montos, es muy importante. Sin embargo, subrayó, “hay problemas serios en cómo el gobierno federal clasifica y presenta las cosas en la Ley”.

Javier Antonio Neblina Vega, diputado del PAN, argumentó que es necesario revisar el sistema fiscal, el cual no ha dado resultados. “Se requiere modificar y cambiar lo dañino y tóxico de la reforma fiscal, pero si no vamos juntos empresarios y legisladores en este tema, difícilmente se logrará”.

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