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Camara de Diputados

Más del 50% de los feminicidios en América Latina ocurren en México

  • Se carece de instancias especializadas en violencia de género: Olamendi Torres

Pese a que más del 50 por ciento de los feminicidios en América Latina ocurren en México, el país carece de instancias especializadas en violencia de género, afirmó Patricia Olamendi Torres, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica.

“En el mundo tres de cada 10 mujeres son violentada, mientras que en México siete de cada 10”, sostuvo al presentar en la Cámara de Diputados su libro “El Feminicidio en México”.

Indicó que en el país no se tiene un sólo juzgado o tribunal especializado en violencia de género, por lo que se envía a las víctimas a cualquier juzgado para atender su caso.

Refirió que derivado de la carencia de instancias especializadas en violencia de género, se registran casos como el del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en Veracruz, que otorgó en días recientes un amparo a Diego Cruz Alonso, integrante del grupo conocido como ´Los Porkys´, acusado de haber violado a la menor Daphne Fernández, en enero de 2015.

Acusó que el 95 por ciento de las violaciones contra menores no se investiga, y este caso ha dejado de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de abuso y violencia sexual ante la complicidad de delincuentes y autoridades.

Olamendi Torres lamentó que en México se deje a las autoridades estatales y municipales atender sus casos de feminicidio, pese que a que existen entidades en las que su congreso local no ha legislado en la materia.

“No más del 20 por ciento de los municipios cuentan con una unidad de atención a la violencia, y la mayoría son dirigidas por organizaciones no gubernamentales”, sentenció.

Añadió que, de acuerdo a estudios sobre feminicidios en el Estado de México, el 40 por ciento de las mujeres violentadas y asesinadas, solicitaron apoyo a las autoridades o acudieron a un hospital, y no fueron atendidas.

Reconoció que la Cámara Baja ha etiquetado recursos para prevenir y erradicar la violencia de género, pero no se visibilizan ya que en el país no se cuenta con más de 50 refugios para atender estos casos.

La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras Julián (PRD), sostuvo que no se puede tolerar acciones de un sistema de justicia que deja libres a quienes violentan a las mujeres.

“Acciones como el de ´Los Porkys´ constituyen verdaderas licencias para matar a las mujeres y para violar una y otra vez nuestros derechos e integridad física”, advirtió.

Subrayó que no hay localidad, municipio o estado en donde la violencia contra las mujeres no esté presente, “por un desdén del Estado de reconocer y respetar nuestros derechos, el cual se agrava por una cultura que normaliza la violencia y convierte una sociedad permisiva de abusos, maltratos, vejaciones y asesinatos de mujeres”.

Apuntó que existe un gran hueco con el sistema de procuración de justicia, ya que sólo tres estados de la República tipifican como delito la violación entre cónyuges y concubinos; además, en 14 entidades se extingue la acción penal si el agresor se casa con la víctima.

Asimismo, 19 entidades todavía contemplan en sus legislaciones la obligación del débito conyugal, ignorando los derechos de la mujer a ejercer su sexualidad de manera libre.

Contreras Julián anunció que presentará un protocolo nacional de actuación ministerial policial y pericial para la atención de los delitos por razones de género, para que no queden impunes.

Exigió que de manera pronta y urgente se castigue “el cobarde asesinato, de Emma Molina” Canto, ocurrido el pasado 30 de marzo, en Mérida Yucatán, quien destacó por la larga lucha que libró por la custodia de sus hijos contra su ex esposo Alberto Medina Sonda.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI) y la diputada Karen Hurtado Arana (PRD), así como la titular de Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la Procuraduría General de la República (PGR), Leonor de Jesús Figueroa Jácome.

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