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Columnistas

Miguel Ángel Rivera – CLASE POLÍTICA: Para la revocación de mandato, primero se necesitan reglas claras

Una de las características del futbol es la sencillez de sus reglas (¡no fue penalti!), que apenas son 17 y prácticamente todo el mundo puede entenderlas. De allí su extendida popularidad, pues se juega en prácticamente todo el mundo.

         Con toda su sencillez qué pasaría, si en alguna ocasión una autoridad local convocara a 22 jugadores, uno por cada equipo, y colocara en medio de ellos a un árbitro, y le dijera; el jefe quiere que jueguen, háganlo como quieran, pues los encargados de definir las reglas todavía no se ponen de acuerdo.

         Esto mismo es lo que sucede con la anunciada “consulta popular” para revocación del mandato.

         El principal interesado en llevarla a cabo es el presidente de la República, que la presentó como una de sus propuestas de campaña y, a medio camino de su mandato, desea confirmar que todavía tiene el respaldo de la mayor parte de los ciudadanos.

         Los jugadores somos todos los ciudadanos. Con nuestro voto vamos a decidir si ratificamos o revocamos el mandato que le dimos al primer mandatario en las elecciones federales de 2018.

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         También tenemos un árbitro designado, el Instituto Nacional Electoral (INE), capacitado y probado en condiciones muy difíciles, de las cuales ha salido airoso, aunque como buen árbitro, siempre criticado, lo mismo por triunfadores que por derrotados. En caso de errores, tiene el respaldo del VAR (Video Assistant Referee, en inglés), que en este caso se conoce como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

         Hasta allí todo bien, la cancha está en muy buenas condiciones y el clima es de lo mejor.

         Como dice la canción que cantaba el conjunto los Teen Tops, con Enrique Guzmán como primera voz: “solo un problema hay, caray”.

         Ese problema es que no hay reglas. Los encargados del definirlas, los senadores y diputados federales están en falta.

         El 5 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados ratificó la reforma constitucional previamente aprobada por el Senado por la cual se establece la consulta popular para la revocación del mandato.

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         El dictamen respectivo establece que la consulta popular tiene como propósito legitimar la toma de decisiones a nivel gubernamental y en caso de la revocación de mandato será un instrumento de democracia directa para ratificar o revocar del cargo al presidente, gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México; ambos instrumentos estarán regulados, organizados e implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

         La reforma aprobada contiene un artículo transitorio por el cual los legisladores federales se comprometen a elaborar una ley reglamentaria a más tardar en un plazo de 180 días (seis meses) a partir de la promulgación de la reforma.

         El plazo, supuestamente “fatal” venció el 17 de junio de 2020. Es decir, el Congreso, las dos cámaras, la de Diputados y la Senadores, están en falta desde hace más de un año, a pesar de que este asunto es una de las prioridades del líder y guía de quienes se dicen seguidores de la llamada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador.

         Ahora que está a punto de iniciar la segunda parte de su gobierno, al primer mandatario le urge confirmar que tiene el respaldo de la mayor parte del pueblo mexicano, pero su propuesta de la revocación del mandato la lanzó desde mucho antes de que estuviera cerca de conquistar el gobierno federal.

         Por ejemplo, el 12 de abril 2012, proceso electoral en el que fue superado por el priista Enrique Peña Nieto, el ahora titular del Ejecutivo Federal ofreció que, “cada dos años, se harán consultas para que el pueblo evalúe el actuar de mi gobierno”.

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         En esa oportunidad, López Obrador volvió a criticar a su contrincante priista, Enrique Peña Nieto, y aseguró que, a diferencia de éste, él no necesita firmar sus compromisos porque es un hombre de palabra.

         “No hace falta que mis compromisos se firmen ante notario público, soy hombre de palabra”, dijo López Obrador cuando ya acostumbraba su conferencia de prensa mañanera, entonces realizada en su casa de campaña que, por supuesto, no tenía el impacto del ejercicio que ahora repite cotidianamente desde Palacio Nacional.

         El amenazado Tribunal Electoral les recordó a los legisladores su obligación. 

         En sus primeros tres años de gobierno, el presidente López Obrador ha colocado en la lista de los enemigos de la llamada Cuarta Transformación y sus adversarios personales a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los cuales tiene amenzados con desaparecerlos.

         Para su infortunio, como apreciamos anteriormente, la organización de su anhelada consulta popular para la revocación de mandato está a cargo del repudiado INE, que está bajo la amenaza de desaparecer o al menos de la destitución de todos sus integrantes.

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         Pero tal vez lo peor es que el otro “árbitro” de los procesos electorales, el TEPJF, es el que ha tomado la iniciativa de recordarles a diputados y senadores que están en falta al no cumplir su obligación de aprobar una ley reglamentaria de la tan mencionada consulta popular para la revocación de mandato.

         Nada menos, el pasado día 25 del presente mes, el TEPJF determinó que los legisladores tendrán un plazo máximo de 30 días para emitir esta norma, contando a partir del ya inminente 1 de septiembre. Esto quiere decir que los legisladores de la LXIV Legislatura que hoy llega a su fin se van sin cumplir sus obligaciones.

         Ese vacío lo tendrán que llenar los miembros de la LXV Legislatura que arranca el 1 de septiembre. En el caso de la Cámara de Diputados se presume que se trata de una nueva hornada de legisladores, aunque gran parte de ellos “estrenaron” el sistema de reelección y permanecerán en su Cámara, mientras que los senadores fueron elegidos por seis años y entran en la segunda etapa de su mandato.

         Es decir, ni para diputados ni para senadores será una sorpresa tener que cumplir el mandato del TEPJF.

         Unos y otros tuvieron la presión desde la Presidencia de la República para reunirse para aprobar la ley reglamentaria faltante, pero no pudieron negociar con el bloque de oposición que aceptara realizar un tercer periodo extraordinario de sesiones en el receso legislativo que está a punto de concluir.

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         De hecho, los enterados sostienen que el factor que precipitó la renuncia de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero – reemplazada por el gobernador de Tabasco con licencia Adán Augusto López Hernández – fue la incapacidad de convencer a los opositores de aceptar el periodo extraordinario. En su descargo, se debe mencionar que fue enviada en condiciones muy difíciles y a pesar de que desde el inicio del actual gobierno se le quitó entre sus facultades la inerlocución con las cámaras del Legislativo.

         En su mandato al Congreso para dar a conocer la ley reglamentaria de la consulta para la revocación de mandato, el TEPJF autorizó por seis votos a favor y sólo uno en contra, que el Instituto Nacional Electoral (INE) elabore, dentro de sus atribuciones, los lineamientos en este campo, a fin de poder tener certeza jurídica para la realización de este ejercicio.

         Esto quiere decir, en nuestro hipotético encuentro de futbol, que el VAR (Tribunal Electoral) autorizó al árbitro (el INE) a organizar la consulta de acuerdo con lo que considera deberán ser las reglas del juego.

         En sus previsiones, el INE debe tener en cuenta la cantidad de casillas que serán necesarias, así como el costo de los materiales, diseñar y preparar la campaña de difusión que será transmitida por radio y televisión, así como la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, que serán obligadamente muchos más de los que participaron en la reciente y fallida consulta popular para juzgar a funcionarios públicos del pasado, la cual inútilmente el gobierno, su partido, MORENA y sus aliados intentaron hacer creer que sería para juzgar a ex presidentes de la República.

         Los plazos son muy cortos. Ya mencionamos que el Tribunal Electoral dio un plazo de 30 días, hasta el último día de septiembre, pero en realidad deja mucho menos tiempo, pues se atraviesan las fiestas patrias.

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         Además, es de tenerse en cuenta que el presidente López Obrador desea que la consulta de realice el 21 de marzo, pero la reforma constitucional ya aprobada indica que la votación debe realizarse en domingo, es decir hasta el día 27 de marzo.

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